Políticas

Whistleblowing

Courtesy translation of the MotorK Italia S.r.l. whistleblowing policy. The Italian version is the only binding text.

1. Introducción
La presente Política tiene por objeto definir y regular las acciones organizativas y los procesos internos necesarios para implementar, dentro de MotorK Italia S.r.l. (en adelante “la Sociedad » o “MotorK»), un sistema de comunicación denominado Whistleblowing. La Sociedad, en efecto, confirma y reitera su firme convicción en una cultura empresarial en la que cualquier persona se sienta libre de compartir y comunicar preocupaciones reales acerca de presuntas irregularidades sin tener que temer consecuencias negativas, de conformidad con los valores fundamentales promovidos por la Sociedad y, al mismo tiempo, disuadiendo a las personas de cometer abusos e irregularidades, y promoviendo un clima de apertura, transparencia e integridad.   La presente Política, en particular, se adopta en aplicación del D.Lgs 24/23 y del art. 6, apartado 2-bis, del D.lgs 231/01 y es, por tanto, parte integrante del Modelo de gestión, organización y control adoptado con arreglo al Dlgs 231/01 de MotorK (en adelante, el “Modelo 231”). 


  1. Perímetro de aplicación
    La presente Política se aplica a MotorK y a todas sus eventuales sociedades controladas, tanto italianas como extranjeras.

  1. Referencias normativas y documentales internas

  • Reglamento del Parlamento Europeo n. 679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“GDPR”); 

  • Ley de 30 de noviembre de 2017, n. 179, “Disposiciones para la protección de los autores de comunicaciones de delitos o irregularidades de los que hayan tenido conocimiento en el marco de una relación laboral pública o privada”; 

  • Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión; 

  • Decreto Legislativo de 10 de marzo de 2023, n. 24, de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y que establece disposiciones relativas a la protección de las personas que informen sobre infracciones de las disposiciones normativas nacionales (el D. Lgs. 24/2023); 

  • D.Lgs. de 30 de junio de 2003, n. 196, Código en materia de protección de datos personales, que establece disposiciones para la adecuación del ordenamiento nacional al GDPR, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE”, y sus sucesivas integraciones y modificaciones (“Código de Privacidad”);

  • D.Lgs. de 8 de junio de 2001, n. 231 (“Decreto 231») relativo a la “Regulación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, de las sociedades y de las asociaciones, incluso carentes de personalidad jurídica”;

  • Modelo de organización, gestión y control adoptado por la Sociedad (“Modelo 231” o “MOG”);

  • Código Ético de la Sociedad;

  • Supplier Code of Conduct.

Asimismo, en la fase de primera adopción, la presente Política se ha estructurado teniendo en cuenta también las indicaciones contenidas en las Directrices ANAC (aprobadas mediante resolución n. 311 de 12.7.23), en las Directrices CNDCEC y en las Directrices Confindustria, ambas de octubre de 2023.

  1. Definiciones
    A los efectos de la presente Política, se aplican las siguientes definiciones:

  1. a) “Responsable de Whistleblowing” (o “RWB”): el sujeto (unipersonal) nombrado por el CdA de la Sociedad y encargado (i) de recibir las comunicaciones transmitidas a través del Canal de comunicación interna, (ii) de gestionar la comunicación recibida activando la instrucción necesaria, (iii) de activar los deberes de reporte posteriores a la conclusión de la instrucción, (iv) de dar respuesta al informante; el RWB goza de autonomía e independencia respecto de los órganos de gestión y de alta dirección de la sociedad y de una competencia específica en materia de gestión de las comunicaciones de infracciones y de las actividades de investigación interna conexas.

  1. b) “Plataforma de Whistleblowing” (o “Plataforma WB”): canal interno destinado al envío y a la gestión de las Comunicaciones, incluso de forma anónima, que garantiza la confidencialidad de la identidad del Informante, de las Personas Denunciadas y de las personas en cualquier caso implicadas, así como del contenido de la Comunicación y de la documentación correspondiente. 

  1. c) “Informante”: persona que procede a una comunicación conforme a los procedimientos y canales previstos en la presente Política y, por tanto, destinataria de las tutelas conexas.

  1. d) “Comunicación”: comunicación-información transmitida a través de uno de los Canales de comunicación previstos en la presente Política por el informante y que será tratada conforme a las previsiones de la presente Política WB. Las comunicaciones, además y más concretamente, se definen como las informaciones, incluidas las sospechas fundadas, sobre infracciones ya cometidas o aún no cometidas (pero que, sobre la base de elementos concretos, podrían serlo), así como sobre conductas dirigidas a ocultarlas (p. ej. ocultación o destrucción de pruebas). 

Debe tratarse, además, de comportamientos, actos u omisiones de los que el informante o el denunciante haya tenido conocimiento en el contexto laboral. El objeto de la comunicación (es decir, aquello que puede comunicarse activando la aplicabilidad de la presente Política y las tutelas conexas) se regula en detalle en el § 6.1., al que se remite.

  1. c) “Persona Denunciada” o “Persona Implicada”: la persona física o jurídica mencionada en la comunicación interna o externa o bien en la divulgación pública como persona a la que se atribuye la infracción o como persona en cualquier caso implicada en la infracción comunicada o divulgada públicamente. 

  1. d) “Represalia”: cualquier comportamiento, acto u omisión, incluso meramente intentado o amenazado, llevado a cabo a causa de la comunicación, de la denuncia ante la autoridad judicial o contable o de la divulgación pública y que ocasiona o puede ocasionar a la persona informante o a la persona que haya presentado la denuncia, de forma directa o indirecta, un daño injusto. 

  1. e) “Política de Whistleblowing” (o “Política WB”): la presente Política.


  1. Ámbito subjetivo: los sujetos informantes
    Pueden utilizar los Canales de comunicación regulados por la presente Política y disfrutar de las tutelas conexas los siguientes sujetos: - los accionistas y las personas con funciones de administración, dirección, control, vigilancia o representación, incluso cuando tales funciones se ejerzan de mero hecho, en la Sociedad;  - todos los trabajadores por cuenta ajena, con independencia de su encuadramiento contractual, de la Sociedad; - los trabajadores autónomos, los proveedores de bienes y servicios, los colaboradores, los profesionales liberales y los consultores que presten su actividad en favor de la Sociedad; - los eventuales aprendices y becarios, remunerados o no remunerados, que presten su actividad en la Sociedad.   La posibilidad de utilizar el canal de comunicación de la Sociedad y las tutelas conexas se aplican también en el caso de que, en relación con los sujetos informantes anteriormente enumerados:

  • la relación jurídica/laboral con la Sociedad aún no haya comenzado, si las informaciones sobre las infracciones se adquirieron durante el proceso de selección o en otras fases precontractuales;

  • la comunicación se efectúe durante el período de prueba del Informante;

  • la comunicación se efectúe con posterioridad a la extinción de la relación jurídica/laboral con la Sociedad, cuando la comunicación tenga por objeto infracciones adquiridas en el transcurso de dicha relación.


  1. Ámbito objetivo

6.1. El contenido de las comunicaciones Paralelamente a los flujos informativos previstos en el § 4.6 del Modelo 231 de la Sociedad, los Canales de comunicación previstos en la presente Política pueden utilizarse para la comunicación de comportamientos y hechos que parezcan poder integrar los siguientes supuestos: - conductas ilícitas relevantes con arreglo al D.Lgs 231/01 (por tanto, referidas a uno de los denominados delitos presupuesto del D.Lgs 231/01);  - infracciones del Modelo 231 de la Sociedad y de los Procedimientos y Políticas empresariales expresamente mencionados – como Protocolos 231 - por el propio Modelo 231; - infracciones del Código Ético de la Sociedad; - infracciones de la normativa europea si son reconducibles a los siguientes supuestos: (i) ilícitos cometidos en infracción de la normativa de la UE indicada en el Anexo 1 del Decreto 24/23 y de todas las disposiciones nacionales que la transponen (aun cuando estas últimas no estén expresamente enumeradas en el citado anexo). Se precisa que las disposiciones normativas contenidas en el Anexo 1 deben entenderse como una referencia dinámica, en cuanto deben adecuarse naturalmente a la variación de la propia normativa.  En particular, se trata de ilícitos relativos a los siguientes sectores: contratación pública; servicios, productos y mercados financieros y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; seguridad y conformidad de los productos; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; protección radiológica y seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos y salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; protección de la intimidad y de los datos personales y seguridad de las redes y de los sistemas de información.  A título de ejemplo, piénsese en los denominados delitos ambientales, tales como el vertido, la emisión u otro tipo de liberación de materiales peligrosos en el aire, el suelo o el agua, o bien la recogida, el transporte, la valorización o la eliminación ilícita de residuos peligrosos;  (ii) actos u omisiones que lesionan los intereses financieros de la Unión Europea (art. 325 del TFUE lucha contra el fraude y las actividades ilegales que lesionan los intereses financieros de la UE) según se identifican en los reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes de la UE.  Piénsese, por ejemplo, en el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal relacionada con los gastos de la Unión;  (iii) actos u omisiones relativos al mercado interior que comprometen la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales (art. 26, apartado 2, del TFUE). Se incluyen las infracciones de las normas de la UE en materia de competencia y de ayudas de Estado, del impuesto sobre sociedades y los mecanismos cuya finalidad es obtener una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto o la finalidad de la normativa aplicable en materia del impuesto sobre sociedades;  (iv) actos o comportamientos que desvirtúan el objeto o la finalidad de las disposiciones de la Unión Europea en los sectores indicados en los puntos anteriores. En este ámbito deben reconducirse, por ejemplo, las prácticas abusivas tal como se definen por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Piénsese, por ejemplo, en una empresa que opera en el mercado en posición dominante. La ley no impide a dicha empresa conquistar, gracias a sus méritos y a sus capacidades, una posición dominante en un mercado, ni garantizar que competidores menos eficientes permanezcan en el mercado. No obstante, dicha empresa podría perjudicar, con su propio comportamiento, una competencia efectiva y leal en el mercado interior mediante el recurso a las denominadas prácticas abusivas (adopción de precios denominados predatorios, descuentos target, ventas vinculadas), contraviniendo la protección de la libre competencia.    Las comunicaciones pueden referirse a informaciones, incluidas las sospechas fundadas, sobre infracciones ya cometidas o aún no cometidas (pero que, sobre la base de elementos concretos, podrían serlo), así como sobre conductas dirigidas a ocultarlas (p. ej. ocultación o destrucción de pruebas).  Debe tratarse, además, de comportamientos, actos u omisiones de los que el Informante o el denunciante haya tenido conocimiento en el contexto laboral (incluidas las relaciones de consultoría o en el marco de contratos de suministro).   Queda asimismo a salvo la normativa en materia de: i) informaciones clasificadas; ii) secreto médico y forense; iii) secreto de las deliberaciones de los órganos jurisdiccionales; iv) normas de procedimiento penal sobre la obligación de secreto de las investigaciones; v) disposiciones sobre la autonomía e independencia de la magistratura; vi) defensa nacional y orden y seguridad pública; vii) así como el ejercicio del derecho de los trabajadores a consultar a sus representantes o a los sindicatos.   



6.2. Exclusiones Quedan en cambio excluidas de la tutela prevista en la presente Política las comunicaciones: (i) vinculadas a un interés de carácter personal del Informante o de la persona que haya presentado una denuncia ante la autoridad judicial o contable que atañen exclusivamente a sus propias relaciones individuales de trabajo, o bien inherentes a sus propias relaciones de trabajo con las figuras jerárquicamente superiores; (ii) en materia de seguridad y defensa nacional;  (iii) relativas a infracciones ya reguladas con carácter obligatorio en algunos sectores especiales, a las que, por tanto, sigue aplicándose la disciplina de comunicación ad hoc (por ejemplo, en materia de servicios financieros, prevención del blanqueo, terrorismo, seguridad en el transporte, protección del medio ambiente).  


 6.3. Características de la comunicación En todos los casos, es conveniente que la comunicación especifique:

  • salvo en los casos de comunicaciones anónimas, los datos identificativos del Informante (nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento);

  • las circunstancias de tiempo y de lugar en que se produjo el hecho objeto de comunicación y, por tanto, una descripción de los hechos objeto de la comunicación, especificando los detalles relativos a las noticias circunstanciadas y, cuando existan, también el modo en que se tuvo conocimiento de los hechos objeto de la comunicación; 

  • los datos personales u otros elementos que permitan identificar al sujeto al que atribuir los hechos comunicados; 

  • los eventuales procedimientos o Protocolos 231 que se consideren infringidos;

  • El Informante puede, asimismo, adjuntar documentos para aportar elementos adicionales relativos al hecho comunicado e indicar otros sujetos que tengan conocimiento del mismo.

El Informante, además, debe especificar si desea mantener reservada su identidad y beneficiarse de las tutelas previstas en caso de eventuales represalias. En todos los casos, el Informante tiene la obligación de declarar si tiene un interés privado vinculado a la comunicación.    En caso de recepción de “comunicaciones anónimas”, si resultan precisas, circunstanciadas y respaldadas por documentación idónea, el RWB podrá equipararlas a las comunicaciones ordinarias y, como tales, podrán tratarse de conformidad con la presente Política.



  1. Canales de comunicación
    Conforme a las previsiones del D.Lgs 24/23, la Sociedad ha establecido un Canal de comunicación interna, al que se añaden – en casos más limitados, específicamente definidos en la presente Política – un Canal de comunicación externa y la denominada “divulgación pública”, quedando obviamente a salvo la facultad de presentar una denuncia ante la Autoridad Judicial en los casos en que concurran sus presupuestos.   

    7.1. La comunicación interna y los instrumentos de comunicación La Sociedad ha adoptado un Canal de comunicación interna que cumple los requisitos del D.Lgs 24/23, utilizable por todos los informantes para la totalidad de las comunicaciones objeto de la presente Política, tal como se definen en el § 6. En particular, la Sociedad ha activado la Plataforma de Whistleblowing, accesible a través de sitio web, que permite tres tipos distintos de comunicación:   (i) comunicación escrita realizada mediante modalidades informáticas y encriptadas; (ii) comunicación oral mediante el envío de un mensaje de voz (con la posibilidad de activar una función que camufla la voz, denominada morphing); (iii) un encuentro en persona con el RWB, solicitado por el Informante a través de la Plataforma WB; el contenido del encuentro, previa autorización del Informante y consentimiento de este último, podrá documentarse mediante grabación en un dispositivo idóneo para la conservación y la escucha o bien se reflejará en un acta redactada por el gestor de la Comunicación y suscrita por el Informante en confirmación de la exactitud de lo reflejado.   La utilización de la Plataforma WB – proporcionada por un proveedor especializado y dotada de las certificaciones necesarias – garantiza, también con herramientas de cifrado, la confidencialidad de la identidad del Informante, de la persona implicada y de la persona en cualquier caso mencionada en la comunicación, así como del contenido de la comunicación y de la documentación correspondiente.   La Plataforma WB será accesible desde el sitio web institucional de la sociedad, en la sección “Whistleblowing – MotorK Italia S.r.l.” (“Acceso al canal interno de Whistleblowing”, URL https://motork.integrity.complylog.com/ ), así como tecleando en línea directamente la correspondiente URL, dada a conocer a todos los potenciales Informantes mediante la presente política.   Al acceder a la Plataforma WB, el Informante podrá solicitar enviar una comunicación ex novo o, alternativamente, seguir la evolución de una comunicación ya presentada. En el primer caso, cumplimentará un formulario de varios pasos, el primero de los cuales preguntará al propio Informante si desea efectuar una comunicación nominativa o anónima (en caso de comunicación anónima, los campos relativos a los datos identificativos no figurarán como obligatorios ni como requisito previo para los pasos sucesivos).    Tras la (eventual) identificación, la pantalla pedirá al Informante que identifique el ámbito de su comunicación (mediante una serie de opciones múltiples entre las que elegir, todas acompañadas de un botón mediante el cual es posible visualizar un pop up explicativo de cada entrada).   El tercer paso prevé después la (i) descripción del supuesto que se ha de comunicar - con la posibilidad de adjuntar, facultativamente, también archivos de formato .doc, .pdf, .jpg, .png, .docx, .ppt, .pptx, .xlsx, .mp3 y .ogg de tamaño inferior a 10MB - o, alternativamente, la (ii) grabación de un mensaje de voz con la misma finalidad.   El último paso permite, por último, al Informante visualizar el borrador de la comunicación que está a punto de enviarse y confirmar, mediante las casillas correspondientes, (i) que las informaciones facilitadas son veraces y (ii) la toma de conocimiento de la Información y de la presente Política, oportunamente enlazadas. En este paso también está presente un sistema de CAPTCHA para determinar si el Informante es un humano y no un ordenador (o, más concretamente, un bot).   Una vez confirmada y enviada la comunicación, se compartirá con el Informante un token, mediante el cual este podrá seguir la evolución de su comunicación (la Plataforma WB, en efecto, no envía notificaciones a la dirección de correo electrónico del Informante, sino que se limita a facilitarle un código único identificativo de la comunicación y funcional a su seguimiento, mediante un nuevo acceso a la Plataforma WB y un clic en el botón “Seguir un caso”).  

    7.1.1. La función encargada de la recepción y de la gestión de la comunicación interna El sujeto competente para la recepción y la gestión de las Comunicaciones es el Responsable de Whistleblowing (“RWB”), función unipersonal que ha sido atribuida – previa atenta valoración del contexto societario por parte del CdA – al Head of Legal El RWB goza de autonomía e independencia respecto de los órganos de gestión y de alta dirección de la sociedad y de una competencia específica en materia de gestión de las comunicaciones de infracciones y de las actividades de investigación interna conexas.   El RWB podrá valerse de funciones empresariales o de profesionales externos encargados a tal fin, para el eventual desarrollo de actividades de instrucción o de profundización. Dichas funciones-profesionales externos son encargados, formados y autorizados mediante la documentación específica, mejor descrita en el

     7.1.3., que regula expresamente también sus deberes de reserva y confidencialidad y los eventuales y conexos cumplimientos en materia de privacidad.   En todo caso, cuando resulte necesario valerse de la asistencia técnica de profesionales terceros, así como del apoyo especializado del personal de otras funciones/direcciones empresariales, es necesario - al fin de garantizar las obligaciones de confidencialidad exigidas por la normativa - ocultar todo tipo de dato que pueda permitir la identificación del Informante o de cualquier otra persona implicada (piénsese, por ejemplo, en el facilitador o en otras personas mencionadas en la comunicación).    Además, en el caso de que los sujetos que componen el RWB estén directamente implicados (como Informante, como persona denunciada o como persona implicada o interesada por la comunicación), la Plataforma prevé un mecanismo específico que permite dirigir la comunicación no al RWB sino al Responsable de la Función de Recursos Humanos. En este caso, el Responsable de la Función de Recursos Humanos aplicará la presente Política para la gestión recibida e informará del resultado correspondiente exclusiva y directamente – tan pronto como se concluya la instrucción - al CdA.   La comunicación interna presentada a un sujeto distinto del RWB (o, en caso de conflicto, del Responsable de la Función de Recursos Humanos) se transmite, en el plazo de siete días desde su recepción, al sujeto competente, dando simultánea noticia de la transmisión al Informante. También esta transmisión debe realizarse a través de la Plataforma WB.  

    7.1.2. La gestión de la comunicación interna Una vez que la Comunicación enviada a través de la Plataforma WB es recibida por el RWB, este último expide – siempre a través de la Plataforma - al Informante un acuse de recibo de la Comunicación en el plazo de 7 días desde la fecha de recepción de la misma.  Posteriormente, el RWB verifica que se cumplan los requisitos de admisibilidad de la Comunicación previstos en la presente Política y, en particular: (i) si la misma entra en el ámbito de aplicación objetivo del D.Lgs. 24/2023 tal como se ilustra en el § 6.1; (ii) si concurren los motivos de exclusión indicados en el § 6.2.; (iii) si la comunicación carece de los contenidos obligatorios indicados en el § 6.3 y, por tanto, resulta demasiado genérica, inapropiada o impertinente.  En el caso de que la condición sub (i) y sub (ii) no se cumplan, el RWB, considerando la Comunicación inadmisible y motivándolo adecuadamente, la remite a la estructura organizativa eventualmente competente, la archiva y lo comunica al Informante.  En el caso de que la condición sub (iii) no se cumpla, el RWB, considerando la Comunicación inadmisible y motivándolo adecuadamente, la archiva y lo comunica al Informante.    Si la Comunicación resulta, en cambio, razonablemente fundada y está respaldada por elementos suficientes para proceder, el RWB inicia las investigaciones. En particular, el RWB, una vez activadas las investigaciones:

  • puede solicitar aclaraciones e integraciones al Informante con la adopción de las cautelas necesarias a fin de garantizar la protección de la confidencialidad, a través del canal utilizado para la comunicación (i.e. Plataforma WB) para garantizar la confidencialidad); 

  • puede dialogar con el Informante, aun cuando sea anónimo, a través de la Plataforma WB; 

  • cuando no perjudique el desarrollo de las actividades y el RWB considere necesario obtener informaciones de la Persona Denunciada, puede informar a esta última de la existencia de una Comunicación en su contra y proceder a la recopilación de las informaciones correspondientes mediante solicitud escrita o bien mediante su audiencia, con levantamiento de acta del encuentro. El RWB no tiene la obligación de informar a la Persona Denunciada de la existencia de una Comunicación que le concierne, pero, si la Persona Denunciada tiene conocimiento de ello, puede en todo caso solicitar ser oída y el RWB da curso a la solicitud recibida invitando a la Persona Denunciada a formular sus observaciones por escrito. 

Al término de las comprobaciones, el RWB: 

  • archiva la Comunicación en el caso de que considere que la misma es infundada, motivando sus razones; 

  • identifica las acciones “correctivas” que deben emprenderse y las comunica al CdA, así como activa los deberes de reporte conexos hacia los Órganos societarios conforme a las previsiones indicadas en el § 7.1.3. 

En el plazo de 3 meses desde la fecha del acuse de recibo o, en su defecto, desde el vencimiento del plazo de 7 días desde la presentación de la Comunicación, el RWB facilita respuesta al Informante comunicando (i) el archivo producido, (ii) la constatación producida de la fundamentación de la comunicación y su transmisión a los órganos competentes, (iii) la actividad desarrollada; si, al vencimiento del plazo, la instrucción aún no ha concluido, se prevé una respuesta “interlocutoria” (como una actualización sobre el estado de avance de la instrucción), a la que deberá necesariamente seguir, en todo caso, una vez concluida la instrucción, la respuesta final sobre su resultado.    Todas las comunicaciones entre el RWB y el Informante se realizan a través de la Plataforma. Asimismo, todas las actividades desarrolladas por el RWB están documentadas y trazadas en la Plataforma WB, desde la recepción de la Comunicación hasta el cierre de la misma.  Con arreglo a lo previsto por el Decreto, es en efecto necesario que, durante las fases de instrucción y de constatación de la comunicación, se tutele la confidencialidad de la identidad del Informante, de la persona denunciada y de todas las personas implicadas y/o mencionadas en la comunicación   

7.1.3. Tratamiento de los datos personales La gestión de las comunicaciones recibidas y el correspondiente tratamiento de los datos personales son efectuados por MotorK con observancia de las disposiciones legales aplicables y en coherencia con lo previsto al respecto por la normativa en materia de protección de los datos personales.    El RWB es instruido a tal fin con arreglo a los artículos 29 del GDPR y 2-quaterdecies del Código de Privacidad, mediante el correspondiente acto de autorización, y el proveedor de la Plataforma WB es expresamente nombrado como encargado del tratamiento con arreglo al artículo 28 del GDPR. También todos los referentes de las funciones empresariales que deban implicarse en la fase de instrucción reciben, en caso de que deban tratar datos que permitan una identificación (incluso indirecta) del Informante, de la persona denunciada y de otras personas físicas implicadas en la comunicación, el correspondiente nombramiento como persona autorizada con arreglo a los artículos 29 del GDPR y 2- quaterdecies del Código de Privacidad.   Por lo que respecta al archivo de las Comunicaciones y, por tanto, de los datos personales ivi contenidos, MotorK garantiza la implementación de medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas a los riesgos específicos derivados de los tratamientos efectuados, en línea con las valoraciones sobre el riesgo elaboradas en el momento de la realización de la Evaluación de impacto del tratamiento efectuada con arreglo al artículo 35 del GDPR.    Cuando, a solicitud del Informante, la Comunicación se efectúa en un encuentro con el personal encargado, esta, previo consentimiento del Informante, es documentada a cargo del personal autorizado mediante grabación en un dispositivo idóneo para la conservación y la escucha o mediante acta. En caso de acta, el Informante puede verificar, rectificar y confirmar el acta del encuentro con su propia firma.   Es responsabilidad del RWB:

  1. asegurarse de que todos los tratamientos de datos personales inherentes al Canal se efectúen, en la medida de lo posible, dentro de la Plataforma WB y 

  2. conservar la documentación que contenga datos personales pertinente para las actividades que deban realizarse necesariamente fuera de la Plataforma WB - como el encuentro directo y la actividad de instrucción posterior - dentro de un archivo en papel/informático de acceso restringido, todo ello con modalidades que impidan la modificación posterior, a fin de permitir la correcta trazabilidad de todo el proceso y de facilitar eventuales controles posteriores. 

Con referencia a la comunicación oral, se precisa que la misma será grabada por la Plataforma WB garantizando la confidencialidad del Informante, a través de morphing vocal.    La información sobre el tratamiento de los datos personales del Informante y de la persona denunciada, así como de los terceros cuyos datos personales pudieran incluirse en la Comunicación (a la que se remite para todo lo no indicado en el presente documento con referencia al tratamiento de los datos personales relacionado con el presente procedimiento) está publicada en la Sección de Información, así como dentro de la Plataforma WB, con posibilidad de consultarla en el último paso del procedimiento de comunicación, indicado en el § 7.1 (en adelante, la “Información”).    Como se precisa en dicho documento, las Comunicaciones y la documentación correspondiente serán conservadas por MotorK, en calidad de responsable del tratamiento:

  1. dentro de la Plataforma WB, por un período máximo de 5 años a contar desde la fecha de la comunicación del resultado final del procedimiento de comunicación (en proximidad de dicho vencimiento la Plataforma WB envía la correspondiente notificación al RWB). El plazo podrá ampliarse cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de las indicaciones interpretativas de las Directrices ANAC, de las Directrices CNDCEC y de las Directrices Confindustria y/o de otras obligaciones normativas, en todo caso hasta un máximo de cinco años desde la Comunicación;

  2. en el archivo interno específico de MotorK (para todas las informaciones y los datos personales que necesiten gestionarse fuera de la Plataforma WB), durante el tiempo necesario para el tratamiento de la Comunicación y, en todo caso, no más de 5 años a contar desde la fecha de la comunicación del resultado final del procedimiento de comunicación. 

En caso de solicitudes de ejercicio de los derechos data protection por parte de los interesados, que deberán ejercerse en los modos y en los plazos – y con observancia de los límites – indicados en la Información, se invita a contactar con el Responsable de la protección de datos (RPD o DPO) de MotorK, cuyos datos de contacto se indican a continuación: dpo@motork.io  


7.1.4 Reporte derivado de la comunicación interna El RWB está obligado al siguiente reporte en favor de los órganos societarios:

  1. En caso de resultado positivo de la investigación (es decir, evidencia de la comisión de un ilícito/una infracción del Modelo 231 entre las enumeradas en el § 6.1), el RWB elabora una nota escrita con el iter de la investigación, las pruebas recopiladas y las conclusiones a las que se ha llegado respecto de las presuntas infracciones o los delitos comunicados, informando inmediatamente al CdA (pero garantizando siempre la confidencialidad de la identidad del Informante) para que adopte las medidas organizativas y disciplinarias que considere oportunas. La misma nota escrita se transmite al Organismo de Vigilancia de la Sociedad para que adopte las acciones previstas por el Modelo que resulten necesarias a la luz del informe del RWB.

  2. Para aquellas comunicaciones que, en cambio, resultaran no confirmadas, el RWB informará al CdA mediante un informe anual, que contendrá la información agregada sobre los resultados de la actividad desarrollada a raíz de las comunicaciones recibidas. El mismo informe se transmite al OdV.

8.1. Las comunicaciones externas Los canales de comunicación que deben utilizarse de forma ordinaria y prioritaria son los internos adoptados por la Sociedad, según lo previsto en el § 7.1 que antecede.  El D. Lgs. 24/2023 prevé que los Informantes puedan utilizar un Canal de comunicación externo, activado ante la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC), o bien la divulgación pública solo en presencia de determinadas y taxativas condiciones, ilustradas a continuación.  Queda por último a salvo la facultad de los informantes de presentar denuncia ante las autoridades competentes.   Canal externo de información Además del canal interno, puede comunicar las infracciones a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. (AIPI), creada por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Contacto: canal.externo@proteccioninformante.es · www.proteccioninformante.gob.es. Si la infracción afecta a una comunidad autónoma con autoridad propia, también puede dirigirse a esta.


  8.1.2. La divulgación pública  El Informante puede efectuar la Comunicación mediante divulgación pública, haciendo de dominio público las informaciones (p. ej. prensa o redes sociales) solo si: 

  • el Informante ha efectuado una Comunicación interna y una Comunicación externa a la ANAC y ninguna de las dos Comunicaciones ha recibido respuesta dentro de los plazos establecidos; 

  • el Informante ha efectuado directamente una Comunicación externa y esta no ha recibido respuesta dentro de los plazos establecidos; 

  • el Informante tiene motivos fundados para creer que la infracción objeto de la Comunicación pueda representar un peligro inminente o manifiesto para el interés público (p. ej. situación de emergencia o riesgo de daño irreversible); 

  • el Informante tiene motivo fundado para creer que la Comunicación externa pueda conllevar riesgo de represalias o pueda no tener curso efectivo (p. ej. las pruebas podrían ocultarse o destruirse, o bien quien haya recibido las comunicaciones puede estar coludido con el autor o implicado en la propia infracción). 

En ausencia de los presupuestos anteriormente enumerados, el sujeto no se beneficia de las tutelas indicadas en el § 9 que sigue. 

  1. Tutelas

Las tutelas indicadas en los apartados 9.1, 9.2 y 9.3 que siguen se aplican si el Informante, en el momento de la Comunicación, ya sea mediante canales internos o externos o denuncia: 

  • tenía motivo fundado para creer que las informaciones sobre las infracciones comunicadas eran veraces (p. ej. el Informante debe haber especificado las circunstancias de tiempo y lugar y descrito de modo específico el hecho; el Informante no debe haber comunicado conscientemente informaciones erróneas o manifiestamente carentes de fundamento) y entraban en el ámbito objetivo de la Comunicación indicado en el apartado 6.1 que antecede; 

  • ha respetado lo previsto en la presente Política.

Los motivos que han inducido al Informante a presentar la Comunicación son irrelevantes a los efectos de su tutela.  Las tutelas indicadas en los apartados 9.1, 9.2 y 9.3 que siguen no se aplican, en cambio, cuando se haya constatado mediante sentencia (incluso de primera instancia) la responsabilidad del Informante por los delitos de calumnia o difamación o, en todo caso, por los mismos delitos cometidos con la denuncia ante la autoridad judicial o contable, o bien la responsabilidad civil del Informante por haber referido informaciones falsas intencionadamente con dolo o culpa. En estos supuestos, se prevén, además, sanciones disciplinarias.  Las medidas de tutela se extienden también a los siguientes sujetos: 

  • facilitadores, es decir, las personas que asisten al Informante en el proceso de comunicación, prestándole asesoramiento y apoyo, y que operan dentro del mismo contexto laboral del Informante; 

  • personas del mismo contexto laboral del Informante vinculadas a este por un vínculo afectivo estable o de parentesco hasta el cuarto grado, o personas vinculadas por una red de relaciones surgidas en razón del hecho de que operan, o han operado en el pasado, en el mismo entorno laboral del Informante; 

  • compañeros de trabajo con relación habitual y corriente con el Informante, es decir, sujetos que, en el momento de la Comunicación, trabajan con el Informante y mantienen con el mismo una relación caracterizada por una continuidad tal que determine una relación de comunidad entre ellos;

  • entidades de propiedad del Informante, es decir, de las que el Informante es titular con carácter exclusivo o bien de las que posee la participación mayoritaria; 

  • entidades para las que el Informante trabaja;

  • entidades que operan en el mismo contexto laboral del Informante.

Las tutelas indicadas en los §§ 9.1, 9.2 y 9.3 que siguen se aplican también en caso de Comunicación anónima, cuando el Informante sea posteriormente identificado en el transcurso de las actividades de gestión de la Comunicación o, en cualquier caso, cuando el Informante sea de todos modos identificable.   

9.1. Confidencialidad Las comunicaciones no pueden utilizarse más allá de lo necesario para dar curso adecuado a las mismas. La identidad de la persona informante y cualquier otra información de la que pueda deducirse, directa o indirectamente, no pueden revelarse, sin el consentimiento expreso de la propia persona informante, a personas distintas de las competentes para recibir o dar curso a las comunicaciones, expresamente autorizadas a tratar tales datos con arreglo a los actos de nombramiento indicados en el § 7.1.3 que antecede.  En el marco del eventual procedimiento penal que se origine como consecuencia de la comunicación, la identidad de la persona informante está cubierta por el secreto en los modos y en los límites previstos por el artículo 329 del código de procedimiento penal. En el marco del eventual procedimiento disciplinario que se origine como consecuencia de la comunicación, la identidad de la persona informante no puede revelarse, cuando la imputación del cargo disciplinario se funde en constataciones distintas y ulteriores respecto de la comunicación, aun cuando sean consecuencia de la misma. Cuando la imputación se funde, en todo o en parte, en la comunicación y el conocimiento de la identidad de la persona informante sea indispensable para la defensa del inculpado, la comunicación será utilizable a los efectos del procedimiento disciplinario solo en presencia del consentimiento expreso de la persona informante a la revelación de su propia identidad. Se da aviso a la persona informante mediante comunicación escrita de las razones de la revelación de los datos reservados, en el supuesto indicado en el apartado 5, segundo período, así como en los procedimientos de comunicación interna y externa indicados en el presente capítulo cuando la revelación de la identidad de la persona informante y de las informaciones indicadas en el apartado 2 sea indispensable también a los efectos de la defensa de la persona implicada. La comunicación queda excluida del acceso previsto por los artículos 22 y siguientes de la ley de 7 de agosto de 1990, n. 241, así como por los artículos 5 y siguientes del decreto legislativo de 14 de marzo de 2013, n. 33. Sin perjuicio de las previsiones anteriormente enumeradas, en los procedimientos de comunicación interna y externa indicados en el presente §, la persona implicada puede ser oída o bien, a solicitud suya, es oída, también mediante procedimiento documental a través de la obtención de observaciones escritas y documentos.   El d.lgs. 24/23 prevé que la tutela de la confidencialidad del informante se extienda también a las personas que se indican en la comunicación, así como a la persona denunciada; la sociedad y el RWB, por tanto, aplican y garantizan tales tutelas al gestionar la comunicación, invocando y aplicando las previsiones específicas previstas por el decreto.   9.2. Tutela frente a las represalias En todos los casos en que el informante haya efectuado la comunicación de buena fe, con independencia del resultado de la comunicación, teniendo motivo fundado para creer que las informaciones sobre las infracciones comunicadas, divulgadas públicamente o denunciadas eran verdaderas y entraban en el ámbito objetivo indicado en el § 6.1, rigen las siguientes obligaciones de protección:

  1. a) Las personas indicadas en los §§ 5 y 9 no pueden sufrir ninguna represalia.

  2. b) En el marco de procedimientos judiciales o administrativos o, en todo caso, de controversias extrajudiciales que tengan por objeto la constatación de los comportamientos, actos u omisiones prohibidos con arreglo al art. 17 del D.Lgs 24/23, se presume que los mismos se han llevado a cabo a causa de la comunicación, de la divulgación pública o de la denuncia ante la autoridad judicial o contable. La carga de probar que tales conductas o actos están motivados por razones ajenas a la comunicación, a la divulgación pública o a la denuncia recae sobre quien los ha llevado a cabo.

  3. c) En caso de demanda de resarcimiento presentada ante la autoridad judicial por las personas informantes, si tales personas demuestran haber efectuado, con arreglo al presente decreto, una comunicación, una divulgación pública o una denuncia ante la autoridad judicial o contable y haber sufrido un daño, se presume, salvo prueba en contrario, que el daño es consecuencia de dicha comunicación, divulgación pública o denuncia ante la autoridad judicial o contable.

A continuación se indican algunos supuestos que, cuando se lleven a cabo a causa de la comunicación, de la denuncia ante la autoridad judicial o contable o de la divulgación pública y si son idóneos para ocasionar a la persona informante o a la persona que haya presentado la denuncia, de forma directa o indirecta, un daño injusto, constituyen represalias:

  1. a) el despido, la suspensión o medidas equivalentes;

  2. b) la degradación de grado o la falta de promoción;

  3. c) el cambio de funciones, el cambio del lugar de trabajo, la reducción del salario, la modificación del horario de trabajo;

  4. d) la suspensión de la formación o cualquier restricción del acceso a la misma;

  5. e) las evaluaciones de mérito negativas o las referencias negativas;

  6. f) la adopción de medidas disciplinarias o de otra sanción, incluso pecuniaria;

  7. g) la coacción, la intimidación, el acoso o el ostracismo;

  8. h) la discriminación o, en todo caso, el trato desfavorable;

  9. i) la falta de conversión de un contrato de trabajo temporal en un contrato de trabajo indefinido, cuando el trabajador tuviera una expectativa legítima a dicha conversión;

  10. l) la falta de renovación o la resolución anticipada de un contrato de trabajo temporal;

  11. m) los daños, incluso a la reputación de la persona, en particular en las redes sociales, o los perjuicios económicos o financieros, incluidas la pérdida de oportunidades económicas y la pérdida de ingresos;

  12. n) la inclusión en listas indebidas sobre la base de un acuerdo sectorial o industrial formal o informal, que puede conllevar la imposibilidad para la persona de encontrar un empleo en el sector o en la industria en el futuro;

  13. o) la conclusión anticipada o la anulación del contrato de suministro de bienes o servicios;

  14. p) la anulación de una licencia o de un permiso;

  15. q) la solicitud de sometimiento a reconocimientos psiquiátricos o médicos.

Las entidades y las personas indicadas en el § 5 pueden comunicar a la ANAC las represalias que consideren haber sufrido. En caso de represalias cometidas en el contexto laboral de un sujeto del sector privado, la ANAC informa a la Inspección nacional de trabajo, a los efectos de las medidas de su competencia. Los actos adoptados en infracción de la prohibición de actos represivos son nulos. Las personas indicadas en el § 5 que hayan sido despedidas a causa de la comunicación, de la divulgación pública o de la denuncia ante la autoridad judicial o contable tienen derecho a ser readmitidas en el puesto de trabajo, en razón de la disciplina específica aplicable al trabajador. La autoridad judicial ante la que se acuda adopta todas las medidas, incluso provisionales, necesarias para asegurar la tutela de la situación jurídica subjetiva ejercitada, incluidos el resarcimiento del daño, la readmisión en el puesto de trabajo, la orden de cese de la conducta llevada a cabo en infracción del artículo 17 del D.Lgs 24/23 y la declaración de nulidad de los actos adoptados en infracción del mismo artículo.   9.3. Limitaciones de responsabilidad para el Informante Otra tutela reconocida por el Decreto al Informante es la limitación de su responsabilidad respecto de la revelación y la difusión de algunas categorías de informaciones, que de otro modo lo expondrían a responsabilidades penales, civiles y administrativas.  En particular, el informante no será llamado a responder ni penalmente, ni en sede civil y administrativa: 

  • de revelación y utilización del secreto de oficio (art. 326 c.p.); 

  • de revelación del secreto profesional (art. 622 c.p.); 

  • de revelación de los secretos científicos e industriales (art. 623 c.p.); 

  • de infracción del deber de fidelidad y de lealtad (art. 2105 c.c.); 

  • de infracción de las disposiciones relativas a la protección del derecho de autor; 

  • de infracción de las disposiciones relativas a la protección de los datos personales; 

  • de revelación o difusión de informaciones sobre las infracciones que ofenden la reputación de la persona implicada. 

El Decreto establece, no obstante, dos condiciones para que operen las citadas limitaciones de responsabilidad: 

  1.  en el momento de la revelación o de la difusión existan motivos fundados para creer que las informaciones son necesarias para desvelar la infracción objeto de comunicación; 

  2. la comunicación se efectúe con observancia de las condiciones previstas por el Decreto para beneficiarse de la tutela contra las represalias (motivos fundados para creer veraces los hechos comunicados, que la infracción esté entre las comunicables y que se respeten las modalidades y las condiciones de acceso a la comunicación). 

Cabe destacar, por tanto, que la limitación opera si las razones que sustentan la revelación o difusión no se fundan en simples conjeturas, gossip, fines vengativos, oportunistas o escandalosos.  En todo caso, es preciso considerar que no se excluye la responsabilidad por conductas que: 

  • no estén relacionadas con la comunicación; 

  • no sean estrictamente necesarias para revelar la infracción; 

  • configuren una obtención de informaciones o el acceso a documentos de modo ilícito. 

  1. Infracciones de la presente Política

Constituye un ilícito disciplinario la infracción de la presente Política, sin perjuicio en todo caso de cualquier responsabilidad, también de naturaleza civil, penal y/o administrativa que deba constatarse por parte de las Autoridades competentes. En particular, se prevén: 

  • sanciones disciplinarias a cargo del Informante que - a raíz de la valoración del RWB - haya (i) comunicado de mala fe infracciones que resulten completamente inconsistentes y, más en general, (ii) haya abusado o hecho un uso impropio y/o una intencionada instrumentalización de la presente Política:

  • sanciones disciplinarias a cargo de la Persona Denunciada en el caso de que el RWB (o, en caso de conflicto, el Responsable de la función de Recursos Humanos), al término de la instrucción, constate la fundamentación de la Comunicación; 

  • sanciones a cargo de los componentes del RWB o de los sujetos encargados o, en todo caso, implicados en la instrucción en caso de infracción de la obligación de confidencialidad. 

El procedimiento disciplinario y las sanciones conexas se aplican sobre la base de las reglas internas empresariales (cfr. Sistema Disciplinario previsto por el Modelo 231 de la Sociedad) y los convenios colectivos aplicables.

  1. Actividad de información y formación

La Sociedad garantiza que el RWB sea sometido a una formación específica (planificada periódicamente y llevada a cabo por la Sociedad) relativa a la gestión del Canal y a las modalidades de cumplimiento de las obligaciones previstas para garantizar la confidencialidad del informante. De la existencia del Canal, de su funcionamiento y de sus características se da información específica (a cargo de la Sociedad) a todos los empleados de la Sociedad, así como a quienes se encuentran entre los sujetos Informantes (proveedores, outsourcer, partner, consultores, etc.). Del Canal y de la presente Política, así como de la Información sobre el tratamiento de los datos personales en el contexto del Canal, se da, como se indica en el § 7.1, la correspondiente notificación en la Sección de Información.

  1. Norma de cierre

Para todo lo no expresamente regulado en la presente Política, se remite a la disciplina específica indicada en el D.lgs 24/23 y a las normas en él mencionadas; a dicha disciplina deben atenerse en términos plenos tanto las funciones encargadas de recibir y gestionar la comunicación, como cualquier otra función y representante empresariales que entre en contacto con el canal de comunicación regulado por la presente Política.

1. Introducción
La presente Política tiene por objeto definir y regular las acciones organizativas y los procesos internos necesarios para implementar, dentro de MotorK Italia S.r.l. (en adelante “la Sociedad » o “MotorK»), un sistema de comunicación denominado Whistleblowing. La Sociedad, en efecto, confirma y reitera su firme convicción en una cultura empresarial en la que cualquier persona se sienta libre de compartir y comunicar preocupaciones reales acerca de presuntas irregularidades sin tener que temer consecuencias negativas, de conformidad con los valores fundamentales promovidos por la Sociedad y, al mismo tiempo, disuadiendo a las personas de cometer abusos e irregularidades, y promoviendo un clima de apertura, transparencia e integridad.   La presente Política, en particular, se adopta en aplicación del D.Lgs 24/23 y del art. 6, apartado 2-bis, del D.lgs 231/01 y es, por tanto, parte integrante del Modelo de gestión, organización y control adoptado con arreglo al Dlgs 231/01 de MotorK (en adelante, el “Modelo 231”). 


  1. Perímetro de aplicación
    La presente Política se aplica a MotorK y a todas sus eventuales sociedades controladas, tanto italianas como extranjeras.

  1. Referencias normativas y documentales internas

  • Reglamento del Parlamento Europeo n. 679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“GDPR”); 

  • Ley de 30 de noviembre de 2017, n. 179, “Disposiciones para la protección de los autores de comunicaciones de delitos o irregularidades de los que hayan tenido conocimiento en el marco de una relación laboral pública o privada”; 

  • Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión; 

  • Decreto Legislativo de 10 de marzo de 2023, n. 24, de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y que establece disposiciones relativas a la protección de las personas que informen sobre infracciones de las disposiciones normativas nacionales (el D. Lgs. 24/2023); 

  • D.Lgs. de 30 de junio de 2003, n. 196, Código en materia de protección de datos personales, que establece disposiciones para la adecuación del ordenamiento nacional al GDPR, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE”, y sus sucesivas integraciones y modificaciones (“Código de Privacidad”);

  • D.Lgs. de 8 de junio de 2001, n. 231 (“Decreto 231») relativo a la “Regulación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, de las sociedades y de las asociaciones, incluso carentes de personalidad jurídica”;

  • Modelo de organización, gestión y control adoptado por la Sociedad (“Modelo 231” o “MOG”);

  • Código Ético de la Sociedad;

  • Supplier Code of Conduct.

Asimismo, en la fase de primera adopción, la presente Política se ha estructurado teniendo en cuenta también las indicaciones contenidas en las Directrices ANAC (aprobadas mediante resolución n. 311 de 12.7.23), en las Directrices CNDCEC y en las Directrices Confindustria, ambas de octubre de 2023.

  1. Definiciones
    A los efectos de la presente Política, se aplican las siguientes definiciones:

  1. a) “Responsable de Whistleblowing” (o “RWB”): el sujeto (unipersonal) nombrado por el CdA de la Sociedad y encargado (i) de recibir las comunicaciones transmitidas a través del Canal de comunicación interna, (ii) de gestionar la comunicación recibida activando la instrucción necesaria, (iii) de activar los deberes de reporte posteriores a la conclusión de la instrucción, (iv) de dar respuesta al informante; el RWB goza de autonomía e independencia respecto de los órganos de gestión y de alta dirección de la sociedad y de una competencia específica en materia de gestión de las comunicaciones de infracciones y de las actividades de investigación interna conexas.

  1. b) “Plataforma de Whistleblowing” (o “Plataforma WB”): canal interno destinado al envío y a la gestión de las Comunicaciones, incluso de forma anónima, que garantiza la confidencialidad de la identidad del Informante, de las Personas Denunciadas y de las personas en cualquier caso implicadas, así como del contenido de la Comunicación y de la documentación correspondiente. 

  1. c) “Informante”: persona que procede a una comunicación conforme a los procedimientos y canales previstos en la presente Política y, por tanto, destinataria de las tutelas conexas.

  1. d) “Comunicación”: comunicación-información transmitida a través de uno de los Canales de comunicación previstos en la presente Política por el informante y que será tratada conforme a las previsiones de la presente Política WB. Las comunicaciones, además y más concretamente, se definen como las informaciones, incluidas las sospechas fundadas, sobre infracciones ya cometidas o aún no cometidas (pero que, sobre la base de elementos concretos, podrían serlo), así como sobre conductas dirigidas a ocultarlas (p. ej. ocultación o destrucción de pruebas). 

Debe tratarse, además, de comportamientos, actos u omisiones de los que el informante o el denunciante haya tenido conocimiento en el contexto laboral. El objeto de la comunicación (es decir, aquello que puede comunicarse activando la aplicabilidad de la presente Política y las tutelas conexas) se regula en detalle en el § 6.1., al que se remite.

  1. c) “Persona Denunciada” o “Persona Implicada”: la persona física o jurídica mencionada en la comunicación interna o externa o bien en la divulgación pública como persona a la que se atribuye la infracción o como persona en cualquier caso implicada en la infracción comunicada o divulgada públicamente. 

  1. d) “Represalia”: cualquier comportamiento, acto u omisión, incluso meramente intentado o amenazado, llevado a cabo a causa de la comunicación, de la denuncia ante la autoridad judicial o contable o de la divulgación pública y que ocasiona o puede ocasionar a la persona informante o a la persona que haya presentado la denuncia, de forma directa o indirecta, un daño injusto. 

  1. e) “Política de Whistleblowing” (o “Política WB”): la presente Política.


  1. Ámbito subjetivo: los sujetos informantes
    Pueden utilizar los Canales de comunicación regulados por la presente Política y disfrutar de las tutelas conexas los siguientes sujetos: - los accionistas y las personas con funciones de administración, dirección, control, vigilancia o representación, incluso cuando tales funciones se ejerzan de mero hecho, en la Sociedad;  - todos los trabajadores por cuenta ajena, con independencia de su encuadramiento contractual, de la Sociedad; - los trabajadores autónomos, los proveedores de bienes y servicios, los colaboradores, los profesionales liberales y los consultores que presten su actividad en favor de la Sociedad; - los eventuales aprendices y becarios, remunerados o no remunerados, que presten su actividad en la Sociedad.   La posibilidad de utilizar el canal de comunicación de la Sociedad y las tutelas conexas se aplican también en el caso de que, en relación con los sujetos informantes anteriormente enumerados:

  • la relación jurídica/laboral con la Sociedad aún no haya comenzado, si las informaciones sobre las infracciones se adquirieron durante el proceso de selección o en otras fases precontractuales;

  • la comunicación se efectúe durante el período de prueba del Informante;

  • la comunicación se efectúe con posterioridad a la extinción de la relación jurídica/laboral con la Sociedad, cuando la comunicación tenga por objeto infracciones adquiridas en el transcurso de dicha relación.


  1. Ámbito objetivo

6.1. El contenido de las comunicaciones Paralelamente a los flujos informativos previstos en el § 4.6 del Modelo 231 de la Sociedad, los Canales de comunicación previstos en la presente Política pueden utilizarse para la comunicación de comportamientos y hechos que parezcan poder integrar los siguientes supuestos: - conductas ilícitas relevantes con arreglo al D.Lgs 231/01 (por tanto, referidas a uno de los denominados delitos presupuesto del D.Lgs 231/01);  - infracciones del Modelo 231 de la Sociedad y de los Procedimientos y Políticas empresariales expresamente mencionados – como Protocolos 231 - por el propio Modelo 231; - infracciones del Código Ético de la Sociedad; - infracciones de la normativa europea si son reconducibles a los siguientes supuestos: (i) ilícitos cometidos en infracción de la normativa de la UE indicada en el Anexo 1 del Decreto 24/23 y de todas las disposiciones nacionales que la transponen (aun cuando estas últimas no estén expresamente enumeradas en el citado anexo). Se precisa que las disposiciones normativas contenidas en el Anexo 1 deben entenderse como una referencia dinámica, en cuanto deben adecuarse naturalmente a la variación de la propia normativa.  En particular, se trata de ilícitos relativos a los siguientes sectores: contratación pública; servicios, productos y mercados financieros y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; seguridad y conformidad de los productos; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; protección radiológica y seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos y salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; protección de la intimidad y de los datos personales y seguridad de las redes y de los sistemas de información.  A título de ejemplo, piénsese en los denominados delitos ambientales, tales como el vertido, la emisión u otro tipo de liberación de materiales peligrosos en el aire, el suelo o el agua, o bien la recogida, el transporte, la valorización o la eliminación ilícita de residuos peligrosos;  (ii) actos u omisiones que lesionan los intereses financieros de la Unión Europea (art. 325 del TFUE lucha contra el fraude y las actividades ilegales que lesionan los intereses financieros de la UE) según se identifican en los reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes de la UE.  Piénsese, por ejemplo, en el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal relacionada con los gastos de la Unión;  (iii) actos u omisiones relativos al mercado interior que comprometen la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales (art. 26, apartado 2, del TFUE). Se incluyen las infracciones de las normas de la UE en materia de competencia y de ayudas de Estado, del impuesto sobre sociedades y los mecanismos cuya finalidad es obtener una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto o la finalidad de la normativa aplicable en materia del impuesto sobre sociedades;  (iv) actos o comportamientos que desvirtúan el objeto o la finalidad de las disposiciones de la Unión Europea en los sectores indicados en los puntos anteriores. En este ámbito deben reconducirse, por ejemplo, las prácticas abusivas tal como se definen por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Piénsese, por ejemplo, en una empresa que opera en el mercado en posición dominante. La ley no impide a dicha empresa conquistar, gracias a sus méritos y a sus capacidades, una posición dominante en un mercado, ni garantizar que competidores menos eficientes permanezcan en el mercado. No obstante, dicha empresa podría perjudicar, con su propio comportamiento, una competencia efectiva y leal en el mercado interior mediante el recurso a las denominadas prácticas abusivas (adopción de precios denominados predatorios, descuentos target, ventas vinculadas), contraviniendo la protección de la libre competencia.    Las comunicaciones pueden referirse a informaciones, incluidas las sospechas fundadas, sobre infracciones ya cometidas o aún no cometidas (pero que, sobre la base de elementos concretos, podrían serlo), así como sobre conductas dirigidas a ocultarlas (p. ej. ocultación o destrucción de pruebas).  Debe tratarse, además, de comportamientos, actos u omisiones de los que el Informante o el denunciante haya tenido conocimiento en el contexto laboral (incluidas las relaciones de consultoría o en el marco de contratos de suministro).   Queda asimismo a salvo la normativa en materia de: i) informaciones clasificadas; ii) secreto médico y forense; iii) secreto de las deliberaciones de los órganos jurisdiccionales; iv) normas de procedimiento penal sobre la obligación de secreto de las investigaciones; v) disposiciones sobre la autonomía e independencia de la magistratura; vi) defensa nacional y orden y seguridad pública; vii) así como el ejercicio del derecho de los trabajadores a consultar a sus representantes o a los sindicatos.   



6.2. Exclusiones Quedan en cambio excluidas de la tutela prevista en la presente Política las comunicaciones: (i) vinculadas a un interés de carácter personal del Informante o de la persona que haya presentado una denuncia ante la autoridad judicial o contable que atañen exclusivamente a sus propias relaciones individuales de trabajo, o bien inherentes a sus propias relaciones de trabajo con las figuras jerárquicamente superiores; (ii) en materia de seguridad y defensa nacional;  (iii) relativas a infracciones ya reguladas con carácter obligatorio en algunos sectores especiales, a las que, por tanto, sigue aplicándose la disciplina de comunicación ad hoc (por ejemplo, en materia de servicios financieros, prevención del blanqueo, terrorismo, seguridad en el transporte, protección del medio ambiente).  


 6.3. Características de la comunicación En todos los casos, es conveniente que la comunicación especifique:

  • salvo en los casos de comunicaciones anónimas, los datos identificativos del Informante (nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento);

  • las circunstancias de tiempo y de lugar en que se produjo el hecho objeto de comunicación y, por tanto, una descripción de los hechos objeto de la comunicación, especificando los detalles relativos a las noticias circunstanciadas y, cuando existan, también el modo en que se tuvo conocimiento de los hechos objeto de la comunicación; 

  • los datos personales u otros elementos que permitan identificar al sujeto al que atribuir los hechos comunicados; 

  • los eventuales procedimientos o Protocolos 231 que se consideren infringidos;

  • El Informante puede, asimismo, adjuntar documentos para aportar elementos adicionales relativos al hecho comunicado e indicar otros sujetos que tengan conocimiento del mismo.

El Informante, además, debe especificar si desea mantener reservada su identidad y beneficiarse de las tutelas previstas en caso de eventuales represalias. En todos los casos, el Informante tiene la obligación de declarar si tiene un interés privado vinculado a la comunicación.    En caso de recepción de “comunicaciones anónimas”, si resultan precisas, circunstanciadas y respaldadas por documentación idónea, el RWB podrá equipararlas a las comunicaciones ordinarias y, como tales, podrán tratarse de conformidad con la presente Política.



  1. Canales de comunicación
    Conforme a las previsiones del D.Lgs 24/23, la Sociedad ha establecido un Canal de comunicación interna, al que se añaden – en casos más limitados, específicamente definidos en la presente Política – un Canal de comunicación externa y la denominada “divulgación pública”, quedando obviamente a salvo la facultad de presentar una denuncia ante la Autoridad Judicial en los casos en que concurran sus presupuestos.   

    7.1. La comunicación interna y los instrumentos de comunicación La Sociedad ha adoptado un Canal de comunicación interna que cumple los requisitos del D.Lgs 24/23, utilizable por todos los informantes para la totalidad de las comunicaciones objeto de la presente Política, tal como se definen en el § 6. En particular, la Sociedad ha activado la Plataforma de Whistleblowing, accesible a través de sitio web, que permite tres tipos distintos de comunicación:   (i) comunicación escrita realizada mediante modalidades informáticas y encriptadas; (ii) comunicación oral mediante el envío de un mensaje de voz (con la posibilidad de activar una función que camufla la voz, denominada morphing); (iii) un encuentro en persona con el RWB, solicitado por el Informante a través de la Plataforma WB; el contenido del encuentro, previa autorización del Informante y consentimiento de este último, podrá documentarse mediante grabación en un dispositivo idóneo para la conservación y la escucha o bien se reflejará en un acta redactada por el gestor de la Comunicación y suscrita por el Informante en confirmación de la exactitud de lo reflejado.   La utilización de la Plataforma WB – proporcionada por un proveedor especializado y dotada de las certificaciones necesarias – garantiza, también con herramientas de cifrado, la confidencialidad de la identidad del Informante, de la persona implicada y de la persona en cualquier caso mencionada en la comunicación, así como del contenido de la comunicación y de la documentación correspondiente.   La Plataforma WB será accesible desde el sitio web institucional de la sociedad, en la sección “Whistleblowing – MotorK Italia S.r.l.” (“Acceso al canal interno de Whistleblowing”, URL https://motork.integrity.complylog.com/ ), así como tecleando en línea directamente la correspondiente URL, dada a conocer a todos los potenciales Informantes mediante la presente política.   Al acceder a la Plataforma WB, el Informante podrá solicitar enviar una comunicación ex novo o, alternativamente, seguir la evolución de una comunicación ya presentada. En el primer caso, cumplimentará un formulario de varios pasos, el primero de los cuales preguntará al propio Informante si desea efectuar una comunicación nominativa o anónima (en caso de comunicación anónima, los campos relativos a los datos identificativos no figurarán como obligatorios ni como requisito previo para los pasos sucesivos).    Tras la (eventual) identificación, la pantalla pedirá al Informante que identifique el ámbito de su comunicación (mediante una serie de opciones múltiples entre las que elegir, todas acompañadas de un botón mediante el cual es posible visualizar un pop up explicativo de cada entrada).   El tercer paso prevé después la (i) descripción del supuesto que se ha de comunicar - con la posibilidad de adjuntar, facultativamente, también archivos de formato .doc, .pdf, .jpg, .png, .docx, .ppt, .pptx, .xlsx, .mp3 y .ogg de tamaño inferior a 10MB - o, alternativamente, la (ii) grabación de un mensaje de voz con la misma finalidad.   El último paso permite, por último, al Informante visualizar el borrador de la comunicación que está a punto de enviarse y confirmar, mediante las casillas correspondientes, (i) que las informaciones facilitadas son veraces y (ii) la toma de conocimiento de la Información y de la presente Política, oportunamente enlazadas. En este paso también está presente un sistema de CAPTCHA para determinar si el Informante es un humano y no un ordenador (o, más concretamente, un bot).   Una vez confirmada y enviada la comunicación, se compartirá con el Informante un token, mediante el cual este podrá seguir la evolución de su comunicación (la Plataforma WB, en efecto, no envía notificaciones a la dirección de correo electrónico del Informante, sino que se limita a facilitarle un código único identificativo de la comunicación y funcional a su seguimiento, mediante un nuevo acceso a la Plataforma WB y un clic en el botón “Seguir un caso”).  

    7.1.1. La función encargada de la recepción y de la gestión de la comunicación interna El sujeto competente para la recepción y la gestión de las Comunicaciones es el Responsable de Whistleblowing (“RWB”), función unipersonal que ha sido atribuida – previa atenta valoración del contexto societario por parte del CdA – al Head of Legal El RWB goza de autonomía e independencia respecto de los órganos de gestión y de alta dirección de la sociedad y de una competencia específica en materia de gestión de las comunicaciones de infracciones y de las actividades de investigación interna conexas.   El RWB podrá valerse de funciones empresariales o de profesionales externos encargados a tal fin, para el eventual desarrollo de actividades de instrucción o de profundización. Dichas funciones-profesionales externos son encargados, formados y autorizados mediante la documentación específica, mejor descrita en el

     7.1.3., que regula expresamente también sus deberes de reserva y confidencialidad y los eventuales y conexos cumplimientos en materia de privacidad.   En todo caso, cuando resulte necesario valerse de la asistencia técnica de profesionales terceros, así como del apoyo especializado del personal de otras funciones/direcciones empresariales, es necesario - al fin de garantizar las obligaciones de confidencialidad exigidas por la normativa - ocultar todo tipo de dato que pueda permitir la identificación del Informante o de cualquier otra persona implicada (piénsese, por ejemplo, en el facilitador o en otras personas mencionadas en la comunicación).    Además, en el caso de que los sujetos que componen el RWB estén directamente implicados (como Informante, como persona denunciada o como persona implicada o interesada por la comunicación), la Plataforma prevé un mecanismo específico que permite dirigir la comunicación no al RWB sino al Responsable de la Función de Recursos Humanos. En este caso, el Responsable de la Función de Recursos Humanos aplicará la presente Política para la gestión recibida e informará del resultado correspondiente exclusiva y directamente – tan pronto como se concluya la instrucción - al CdA.   La comunicación interna presentada a un sujeto distinto del RWB (o, en caso de conflicto, del Responsable de la Función de Recursos Humanos) se transmite, en el plazo de siete días desde su recepción, al sujeto competente, dando simultánea noticia de la transmisión al Informante. También esta transmisión debe realizarse a través de la Plataforma WB.  

    7.1.2. La gestión de la comunicación interna Una vez que la Comunicación enviada a través de la Plataforma WB es recibida por el RWB, este último expide – siempre a través de la Plataforma - al Informante un acuse de recibo de la Comunicación en el plazo de 7 días desde la fecha de recepción de la misma.  Posteriormente, el RWB verifica que se cumplan los requisitos de admisibilidad de la Comunicación previstos en la presente Política y, en particular: (i) si la misma entra en el ámbito de aplicación objetivo del D.Lgs. 24/2023 tal como se ilustra en el § 6.1; (ii) si concurren los motivos de exclusión indicados en el § 6.2.; (iii) si la comunicación carece de los contenidos obligatorios indicados en el § 6.3 y, por tanto, resulta demasiado genérica, inapropiada o impertinente.  En el caso de que la condición sub (i) y sub (ii) no se cumplan, el RWB, considerando la Comunicación inadmisible y motivándolo adecuadamente, la remite a la estructura organizativa eventualmente competente, la archiva y lo comunica al Informante.  En el caso de que la condición sub (iii) no se cumpla, el RWB, considerando la Comunicación inadmisible y motivándolo adecuadamente, la archiva y lo comunica al Informante.    Si la Comunicación resulta, en cambio, razonablemente fundada y está respaldada por elementos suficientes para proceder, el RWB inicia las investigaciones. En particular, el RWB, una vez activadas las investigaciones:

  • puede solicitar aclaraciones e integraciones al Informante con la adopción de las cautelas necesarias a fin de garantizar la protección de la confidencialidad, a través del canal utilizado para la comunicación (i.e. Plataforma WB) para garantizar la confidencialidad); 

  • puede dialogar con el Informante, aun cuando sea anónimo, a través de la Plataforma WB; 

  • cuando no perjudique el desarrollo de las actividades y el RWB considere necesario obtener informaciones de la Persona Denunciada, puede informar a esta última de la existencia de una Comunicación en su contra y proceder a la recopilación de las informaciones correspondientes mediante solicitud escrita o bien mediante su audiencia, con levantamiento de acta del encuentro. El RWB no tiene la obligación de informar a la Persona Denunciada de la existencia de una Comunicación que le concierne, pero, si la Persona Denunciada tiene conocimiento de ello, puede en todo caso solicitar ser oída y el RWB da curso a la solicitud recibida invitando a la Persona Denunciada a formular sus observaciones por escrito. 

Al término de las comprobaciones, el RWB: 

  • archiva la Comunicación en el caso de que considere que la misma es infundada, motivando sus razones; 

  • identifica las acciones “correctivas” que deben emprenderse y las comunica al CdA, así como activa los deberes de reporte conexos hacia los Órganos societarios conforme a las previsiones indicadas en el § 7.1.3. 

En el plazo de 3 meses desde la fecha del acuse de recibo o, en su defecto, desde el vencimiento del plazo de 7 días desde la presentación de la Comunicación, el RWB facilita respuesta al Informante comunicando (i) el archivo producido, (ii) la constatación producida de la fundamentación de la comunicación y su transmisión a los órganos competentes, (iii) la actividad desarrollada; si, al vencimiento del plazo, la instrucción aún no ha concluido, se prevé una respuesta “interlocutoria” (como una actualización sobre el estado de avance de la instrucción), a la que deberá necesariamente seguir, en todo caso, una vez concluida la instrucción, la respuesta final sobre su resultado.    Todas las comunicaciones entre el RWB y el Informante se realizan a través de la Plataforma. Asimismo, todas las actividades desarrolladas por el RWB están documentadas y trazadas en la Plataforma WB, desde la recepción de la Comunicación hasta el cierre de la misma.  Con arreglo a lo previsto por el Decreto, es en efecto necesario que, durante las fases de instrucción y de constatación de la comunicación, se tutele la confidencialidad de la identidad del Informante, de la persona denunciada y de todas las personas implicadas y/o mencionadas en la comunicación   

7.1.3. Tratamiento de los datos personales La gestión de las comunicaciones recibidas y el correspondiente tratamiento de los datos personales son efectuados por MotorK con observancia de las disposiciones legales aplicables y en coherencia con lo previsto al respecto por la normativa en materia de protección de los datos personales.    El RWB es instruido a tal fin con arreglo a los artículos 29 del GDPR y 2-quaterdecies del Código de Privacidad, mediante el correspondiente acto de autorización, y el proveedor de la Plataforma WB es expresamente nombrado como encargado del tratamiento con arreglo al artículo 28 del GDPR. También todos los referentes de las funciones empresariales que deban implicarse en la fase de instrucción reciben, en caso de que deban tratar datos que permitan una identificación (incluso indirecta) del Informante, de la persona denunciada y de otras personas físicas implicadas en la comunicación, el correspondiente nombramiento como persona autorizada con arreglo a los artículos 29 del GDPR y 2- quaterdecies del Código de Privacidad.   Por lo que respecta al archivo de las Comunicaciones y, por tanto, de los datos personales ivi contenidos, MotorK garantiza la implementación de medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas a los riesgos específicos derivados de los tratamientos efectuados, en línea con las valoraciones sobre el riesgo elaboradas en el momento de la realización de la Evaluación de impacto del tratamiento efectuada con arreglo al artículo 35 del GDPR.    Cuando, a solicitud del Informante, la Comunicación se efectúa en un encuentro con el personal encargado, esta, previo consentimiento del Informante, es documentada a cargo del personal autorizado mediante grabación en un dispositivo idóneo para la conservación y la escucha o mediante acta. En caso de acta, el Informante puede verificar, rectificar y confirmar el acta del encuentro con su propia firma.   Es responsabilidad del RWB:

  1. asegurarse de que todos los tratamientos de datos personales inherentes al Canal se efectúen, en la medida de lo posible, dentro de la Plataforma WB y 

  2. conservar la documentación que contenga datos personales pertinente para las actividades que deban realizarse necesariamente fuera de la Plataforma WB - como el encuentro directo y la actividad de instrucción posterior - dentro de un archivo en papel/informático de acceso restringido, todo ello con modalidades que impidan la modificación posterior, a fin de permitir la correcta trazabilidad de todo el proceso y de facilitar eventuales controles posteriores. 

Con referencia a la comunicación oral, se precisa que la misma será grabada por la Plataforma WB garantizando la confidencialidad del Informante, a través de morphing vocal.    La información sobre el tratamiento de los datos personales del Informante y de la persona denunciada, así como de los terceros cuyos datos personales pudieran incluirse en la Comunicación (a la que se remite para todo lo no indicado en el presente documento con referencia al tratamiento de los datos personales relacionado con el presente procedimiento) está publicada en la Sección de Información, así como dentro de la Plataforma WB, con posibilidad de consultarla en el último paso del procedimiento de comunicación, indicado en el § 7.1 (en adelante, la “Información”).    Como se precisa en dicho documento, las Comunicaciones y la documentación correspondiente serán conservadas por MotorK, en calidad de responsable del tratamiento:

  1. dentro de la Plataforma WB, por un período máximo de 5 años a contar desde la fecha de la comunicación del resultado final del procedimiento de comunicación (en proximidad de dicho vencimiento la Plataforma WB envía la correspondiente notificación al RWB). El plazo podrá ampliarse cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de las indicaciones interpretativas de las Directrices ANAC, de las Directrices CNDCEC y de las Directrices Confindustria y/o de otras obligaciones normativas, en todo caso hasta un máximo de cinco años desde la Comunicación;

  2. en el archivo interno específico de MotorK (para todas las informaciones y los datos personales que necesiten gestionarse fuera de la Plataforma WB), durante el tiempo necesario para el tratamiento de la Comunicación y, en todo caso, no más de 5 años a contar desde la fecha de la comunicación del resultado final del procedimiento de comunicación. 

En caso de solicitudes de ejercicio de los derechos data protection por parte de los interesados, que deberán ejercerse en los modos y en los plazos – y con observancia de los límites – indicados en la Información, se invita a contactar con el Responsable de la protección de datos (RPD o DPO) de MotorK, cuyos datos de contacto se indican a continuación: dpo@motork.io  


7.1.4 Reporte derivado de la comunicación interna El RWB está obligado al siguiente reporte en favor de los órganos societarios:

  1. En caso de resultado positivo de la investigación (es decir, evidencia de la comisión de un ilícito/una infracción del Modelo 231 entre las enumeradas en el § 6.1), el RWB elabora una nota escrita con el iter de la investigación, las pruebas recopiladas y las conclusiones a las que se ha llegado respecto de las presuntas infracciones o los delitos comunicados, informando inmediatamente al CdA (pero garantizando siempre la confidencialidad de la identidad del Informante) para que adopte las medidas organizativas y disciplinarias que considere oportunas. La misma nota escrita se transmite al Organismo de Vigilancia de la Sociedad para que adopte las acciones previstas por el Modelo que resulten necesarias a la luz del informe del RWB.

  2. Para aquellas comunicaciones que, en cambio, resultaran no confirmadas, el RWB informará al CdA mediante un informe anual, que contendrá la información agregada sobre los resultados de la actividad desarrollada a raíz de las comunicaciones recibidas. El mismo informe se transmite al OdV.

8.1. Las comunicaciones externas Los canales de comunicación que deben utilizarse de forma ordinaria y prioritaria son los internos adoptados por la Sociedad, según lo previsto en el § 7.1 que antecede.  El D. Lgs. 24/2023 prevé que los Informantes puedan utilizar un Canal de comunicación externo, activado ante la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC), o bien la divulgación pública solo en presencia de determinadas y taxativas condiciones, ilustradas a continuación.  Queda por último a salvo la facultad de los informantes de presentar denuncia ante las autoridades competentes.   Canal externo de información Además del canal interno, puede comunicar las infracciones a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. (AIPI), creada por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Contacto: canal.externo@proteccioninformante.es · www.proteccioninformante.gob.es. Si la infracción afecta a una comunidad autónoma con autoridad propia, también puede dirigirse a esta.


  8.1.2. La divulgación pública  El Informante puede efectuar la Comunicación mediante divulgación pública, haciendo de dominio público las informaciones (p. ej. prensa o redes sociales) solo si: 

  • el Informante ha efectuado una Comunicación interna y una Comunicación externa a la ANAC y ninguna de las dos Comunicaciones ha recibido respuesta dentro de los plazos establecidos; 

  • el Informante ha efectuado directamente una Comunicación externa y esta no ha recibido respuesta dentro de los plazos establecidos; 

  • el Informante tiene motivos fundados para creer que la infracción objeto de la Comunicación pueda representar un peligro inminente o manifiesto para el interés público (p. ej. situación de emergencia o riesgo de daño irreversible); 

  • el Informante tiene motivo fundado para creer que la Comunicación externa pueda conllevar riesgo de represalias o pueda no tener curso efectivo (p. ej. las pruebas podrían ocultarse o destruirse, o bien quien haya recibido las comunicaciones puede estar coludido con el autor o implicado en la propia infracción). 

En ausencia de los presupuestos anteriormente enumerados, el sujeto no se beneficia de las tutelas indicadas en el § 9 que sigue. 

  1. Tutelas

Las tutelas indicadas en los apartados 9.1, 9.2 y 9.3 que siguen se aplican si el Informante, en el momento de la Comunicación, ya sea mediante canales internos o externos o denuncia: 

  • tenía motivo fundado para creer que las informaciones sobre las infracciones comunicadas eran veraces (p. ej. el Informante debe haber especificado las circunstancias de tiempo y lugar y descrito de modo específico el hecho; el Informante no debe haber comunicado conscientemente informaciones erróneas o manifiestamente carentes de fundamento) y entraban en el ámbito objetivo de la Comunicación indicado en el apartado 6.1 que antecede; 

  • ha respetado lo previsto en la presente Política.

Los motivos que han inducido al Informante a presentar la Comunicación son irrelevantes a los efectos de su tutela.  Las tutelas indicadas en los apartados 9.1, 9.2 y 9.3 que siguen no se aplican, en cambio, cuando se haya constatado mediante sentencia (incluso de primera instancia) la responsabilidad del Informante por los delitos de calumnia o difamación o, en todo caso, por los mismos delitos cometidos con la denuncia ante la autoridad judicial o contable, o bien la responsabilidad civil del Informante por haber referido informaciones falsas intencionadamente con dolo o culpa. En estos supuestos, se prevén, además, sanciones disciplinarias.  Las medidas de tutela se extienden también a los siguientes sujetos: 

  • facilitadores, es decir, las personas que asisten al Informante en el proceso de comunicación, prestándole asesoramiento y apoyo, y que operan dentro del mismo contexto laboral del Informante; 

  • personas del mismo contexto laboral del Informante vinculadas a este por un vínculo afectivo estable o de parentesco hasta el cuarto grado, o personas vinculadas por una red de relaciones surgidas en razón del hecho de que operan, o han operado en el pasado, en el mismo entorno laboral del Informante; 

  • compañeros de trabajo con relación habitual y corriente con el Informante, es decir, sujetos que, en el momento de la Comunicación, trabajan con el Informante y mantienen con el mismo una relación caracterizada por una continuidad tal que determine una relación de comunidad entre ellos;

  • entidades de propiedad del Informante, es decir, de las que el Informante es titular con carácter exclusivo o bien de las que posee la participación mayoritaria; 

  • entidades para las que el Informante trabaja;

  • entidades que operan en el mismo contexto laboral del Informante.

Las tutelas indicadas en los §§ 9.1, 9.2 y 9.3 que siguen se aplican también en caso de Comunicación anónima, cuando el Informante sea posteriormente identificado en el transcurso de las actividades de gestión de la Comunicación o, en cualquier caso, cuando el Informante sea de todos modos identificable.   

9.1. Confidencialidad Las comunicaciones no pueden utilizarse más allá de lo necesario para dar curso adecuado a las mismas. La identidad de la persona informante y cualquier otra información de la que pueda deducirse, directa o indirectamente, no pueden revelarse, sin el consentimiento expreso de la propia persona informante, a personas distintas de las competentes para recibir o dar curso a las comunicaciones, expresamente autorizadas a tratar tales datos con arreglo a los actos de nombramiento indicados en el § 7.1.3 que antecede.  En el marco del eventual procedimiento penal que se origine como consecuencia de la comunicación, la identidad de la persona informante está cubierta por el secreto en los modos y en los límites previstos por el artículo 329 del código de procedimiento penal. En el marco del eventual procedimiento disciplinario que se origine como consecuencia de la comunicación, la identidad de la persona informante no puede revelarse, cuando la imputación del cargo disciplinario se funde en constataciones distintas y ulteriores respecto de la comunicación, aun cuando sean consecuencia de la misma. Cuando la imputación se funde, en todo o en parte, en la comunicación y el conocimiento de la identidad de la persona informante sea indispensable para la defensa del inculpado, la comunicación será utilizable a los efectos del procedimiento disciplinario solo en presencia del consentimiento expreso de la persona informante a la revelación de su propia identidad. Se da aviso a la persona informante mediante comunicación escrita de las razones de la revelación de los datos reservados, en el supuesto indicado en el apartado 5, segundo período, así como en los procedimientos de comunicación interna y externa indicados en el presente capítulo cuando la revelación de la identidad de la persona informante y de las informaciones indicadas en el apartado 2 sea indispensable también a los efectos de la defensa de la persona implicada. La comunicación queda excluida del acceso previsto por los artículos 22 y siguientes de la ley de 7 de agosto de 1990, n. 241, así como por los artículos 5 y siguientes del decreto legislativo de 14 de marzo de 2013, n. 33. Sin perjuicio de las previsiones anteriormente enumeradas, en los procedimientos de comunicación interna y externa indicados en el presente §, la persona implicada puede ser oída o bien, a solicitud suya, es oída, también mediante procedimiento documental a través de la obtención de observaciones escritas y documentos.   El d.lgs. 24/23 prevé que la tutela de la confidencialidad del informante se extienda también a las personas que se indican en la comunicación, así como a la persona denunciada; la sociedad y el RWB, por tanto, aplican y garantizan tales tutelas al gestionar la comunicación, invocando y aplicando las previsiones específicas previstas por el decreto.   9.2. Tutela frente a las represalias En todos los casos en que el informante haya efectuado la comunicación de buena fe, con independencia del resultado de la comunicación, teniendo motivo fundado para creer que las informaciones sobre las infracciones comunicadas, divulgadas públicamente o denunciadas eran verdaderas y entraban en el ámbito objetivo indicado en el § 6.1, rigen las siguientes obligaciones de protección:

  1. a) Las personas indicadas en los §§ 5 y 9 no pueden sufrir ninguna represalia.

  2. b) En el marco de procedimientos judiciales o administrativos o, en todo caso, de controversias extrajudiciales que tengan por objeto la constatación de los comportamientos, actos u omisiones prohibidos con arreglo al art. 17 del D.Lgs 24/23, se presume que los mismos se han llevado a cabo a causa de la comunicación, de la divulgación pública o de la denuncia ante la autoridad judicial o contable. La carga de probar que tales conductas o actos están motivados por razones ajenas a la comunicación, a la divulgación pública o a la denuncia recae sobre quien los ha llevado a cabo.

  3. c) En caso de demanda de resarcimiento presentada ante la autoridad judicial por las personas informantes, si tales personas demuestran haber efectuado, con arreglo al presente decreto, una comunicación, una divulgación pública o una denuncia ante la autoridad judicial o contable y haber sufrido un daño, se presume, salvo prueba en contrario, que el daño es consecuencia de dicha comunicación, divulgación pública o denuncia ante la autoridad judicial o contable.

A continuación se indican algunos supuestos que, cuando se lleven a cabo a causa de la comunicación, de la denuncia ante la autoridad judicial o contable o de la divulgación pública y si son idóneos para ocasionar a la persona informante o a la persona que haya presentado la denuncia, de forma directa o indirecta, un daño injusto, constituyen represalias:

  1. a) el despido, la suspensión o medidas equivalentes;

  2. b) la degradación de grado o la falta de promoción;

  3. c) el cambio de funciones, el cambio del lugar de trabajo, la reducción del salario, la modificación del horario de trabajo;

  4. d) la suspensión de la formación o cualquier restricción del acceso a la misma;

  5. e) las evaluaciones de mérito negativas o las referencias negativas;

  6. f) la adopción de medidas disciplinarias o de otra sanción, incluso pecuniaria;

  7. g) la coacción, la intimidación, el acoso o el ostracismo;

  8. h) la discriminación o, en todo caso, el trato desfavorable;

  9. i) la falta de conversión de un contrato de trabajo temporal en un contrato de trabajo indefinido, cuando el trabajador tuviera una expectativa legítima a dicha conversión;

  10. l) la falta de renovación o la resolución anticipada de un contrato de trabajo temporal;

  11. m) los daños, incluso a la reputación de la persona, en particular en las redes sociales, o los perjuicios económicos o financieros, incluidas la pérdida de oportunidades económicas y la pérdida de ingresos;

  12. n) la inclusión en listas indebidas sobre la base de un acuerdo sectorial o industrial formal o informal, que puede conllevar la imposibilidad para la persona de encontrar un empleo en el sector o en la industria en el futuro;

  13. o) la conclusión anticipada o la anulación del contrato de suministro de bienes o servicios;

  14. p) la anulación de una licencia o de un permiso;

  15. q) la solicitud de sometimiento a reconocimientos psiquiátricos o médicos.

Las entidades y las personas indicadas en el § 5 pueden comunicar a la ANAC las represalias que consideren haber sufrido. En caso de represalias cometidas en el contexto laboral de un sujeto del sector privado, la ANAC informa a la Inspección nacional de trabajo, a los efectos de las medidas de su competencia. Los actos adoptados en infracción de la prohibición de actos represivos son nulos. Las personas indicadas en el § 5 que hayan sido despedidas a causa de la comunicación, de la divulgación pública o de la denuncia ante la autoridad judicial o contable tienen derecho a ser readmitidas en el puesto de trabajo, en razón de la disciplina específica aplicable al trabajador. La autoridad judicial ante la que se acuda adopta todas las medidas, incluso provisionales, necesarias para asegurar la tutela de la situación jurídica subjetiva ejercitada, incluidos el resarcimiento del daño, la readmisión en el puesto de trabajo, la orden de cese de la conducta llevada a cabo en infracción del artículo 17 del D.Lgs 24/23 y la declaración de nulidad de los actos adoptados en infracción del mismo artículo.   9.3. Limitaciones de responsabilidad para el Informante Otra tutela reconocida por el Decreto al Informante es la limitación de su responsabilidad respecto de la revelación y la difusión de algunas categorías de informaciones, que de otro modo lo expondrían a responsabilidades penales, civiles y administrativas.  En particular, el informante no será llamado a responder ni penalmente, ni en sede civil y administrativa: 

  • de revelación y utilización del secreto de oficio (art. 326 c.p.); 

  • de revelación del secreto profesional (art. 622 c.p.); 

  • de revelación de los secretos científicos e industriales (art. 623 c.p.); 

  • de infracción del deber de fidelidad y de lealtad (art. 2105 c.c.); 

  • de infracción de las disposiciones relativas a la protección del derecho de autor; 

  • de infracción de las disposiciones relativas a la protección de los datos personales; 

  • de revelación o difusión de informaciones sobre las infracciones que ofenden la reputación de la persona implicada. 

El Decreto establece, no obstante, dos condiciones para que operen las citadas limitaciones de responsabilidad: 

  1.  en el momento de la revelación o de la difusión existan motivos fundados para creer que las informaciones son necesarias para desvelar la infracción objeto de comunicación; 

  2. la comunicación se efectúe con observancia de las condiciones previstas por el Decreto para beneficiarse de la tutela contra las represalias (motivos fundados para creer veraces los hechos comunicados, que la infracción esté entre las comunicables y que se respeten las modalidades y las condiciones de acceso a la comunicación). 

Cabe destacar, por tanto, que la limitación opera si las razones que sustentan la revelación o difusión no se fundan en simples conjeturas, gossip, fines vengativos, oportunistas o escandalosos.  En todo caso, es preciso considerar que no se excluye la responsabilidad por conductas que: 

  • no estén relacionadas con la comunicación; 

  • no sean estrictamente necesarias para revelar la infracción; 

  • configuren una obtención de informaciones o el acceso a documentos de modo ilícito. 

  1. Infracciones de la presente Política

Constituye un ilícito disciplinario la infracción de la presente Política, sin perjuicio en todo caso de cualquier responsabilidad, también de naturaleza civil, penal y/o administrativa que deba constatarse por parte de las Autoridades competentes. En particular, se prevén: 

  • sanciones disciplinarias a cargo del Informante que - a raíz de la valoración del RWB - haya (i) comunicado de mala fe infracciones que resulten completamente inconsistentes y, más en general, (ii) haya abusado o hecho un uso impropio y/o una intencionada instrumentalización de la presente Política:

  • sanciones disciplinarias a cargo de la Persona Denunciada en el caso de que el RWB (o, en caso de conflicto, el Responsable de la función de Recursos Humanos), al término de la instrucción, constate la fundamentación de la Comunicación; 

  • sanciones a cargo de los componentes del RWB o de los sujetos encargados o, en todo caso, implicados en la instrucción en caso de infracción de la obligación de confidencialidad. 

El procedimiento disciplinario y las sanciones conexas se aplican sobre la base de las reglas internas empresariales (cfr. Sistema Disciplinario previsto por el Modelo 231 de la Sociedad) y los convenios colectivos aplicables.

  1. Actividad de información y formación

La Sociedad garantiza que el RWB sea sometido a una formación específica (planificada periódicamente y llevada a cabo por la Sociedad) relativa a la gestión del Canal y a las modalidades de cumplimiento de las obligaciones previstas para garantizar la confidencialidad del informante. De la existencia del Canal, de su funcionamiento y de sus características se da información específica (a cargo de la Sociedad) a todos los empleados de la Sociedad, así como a quienes se encuentran entre los sujetos Informantes (proveedores, outsourcer, partner, consultores, etc.). Del Canal y de la presente Política, así como de la Información sobre el tratamiento de los datos personales en el contexto del Canal, se da, como se indica en el § 7.1, la correspondiente notificación en la Sección de Información.

  1. Norma de cierre

Para todo lo no expresamente regulado en la presente Política, se remite a la disciplina específica indicada en el D.lgs 24/23 y a las normas en él mencionadas; a dicha disciplina deben atenerse en términos plenos tanto las funciones encargadas de recibir y gestionar la comunicación, como cualquier otra función y representante empresariales que entre en contacto con el canal de comunicación regulado por la presente Política.

1. Introducción
La presente Política tiene por objeto definir y regular las acciones organizativas y los procesos internos necesarios para implementar, dentro de MotorK Italia S.r.l. (en adelante “la Sociedad » o “MotorK»), un sistema de comunicación denominado Whistleblowing. La Sociedad, en efecto, confirma y reitera su firme convicción en una cultura empresarial en la que cualquier persona se sienta libre de compartir y comunicar preocupaciones reales acerca de presuntas irregularidades sin tener que temer consecuencias negativas, de conformidad con los valores fundamentales promovidos por la Sociedad y, al mismo tiempo, disuadiendo a las personas de cometer abusos e irregularidades, y promoviendo un clima de apertura, transparencia e integridad.   La presente Política, en particular, se adopta en aplicación del D.Lgs 24/23 y del art. 6, apartado 2-bis, del D.lgs 231/01 y es, por tanto, parte integrante del Modelo de gestión, organización y control adoptado con arreglo al Dlgs 231/01 de MotorK (en adelante, el “Modelo 231”). 


  1. Perímetro de aplicación
    La presente Política se aplica a MotorK y a todas sus eventuales sociedades controladas, tanto italianas como extranjeras.

  1. Referencias normativas y documentales internas

  • Reglamento del Parlamento Europeo n. 679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“GDPR”); 

  • Ley de 30 de noviembre de 2017, n. 179, “Disposiciones para la protección de los autores de comunicaciones de delitos o irregularidades de los que hayan tenido conocimiento en el marco de una relación laboral pública o privada”; 

  • Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión; 

  • Decreto Legislativo de 10 de marzo de 2023, n. 24, de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y que establece disposiciones relativas a la protección de las personas que informen sobre infracciones de las disposiciones normativas nacionales (el D. Lgs. 24/2023); 

  • D.Lgs. de 30 de junio de 2003, n. 196, Código en materia de protección de datos personales, que establece disposiciones para la adecuación del ordenamiento nacional al GDPR, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE”, y sus sucesivas integraciones y modificaciones (“Código de Privacidad”);

  • D.Lgs. de 8 de junio de 2001, n. 231 (“Decreto 231») relativo a la “Regulación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, de las sociedades y de las asociaciones, incluso carentes de personalidad jurídica”;

  • Modelo de organización, gestión y control adoptado por la Sociedad (“Modelo 231” o “MOG”);

  • Código Ético de la Sociedad;

  • Supplier Code of Conduct.

Asimismo, en la fase de primera adopción, la presente Política se ha estructurado teniendo en cuenta también las indicaciones contenidas en las Directrices ANAC (aprobadas mediante resolución n. 311 de 12.7.23), en las Directrices CNDCEC y en las Directrices Confindustria, ambas de octubre de 2023.

  1. Definiciones
    A los efectos de la presente Política, se aplican las siguientes definiciones:

  1. a) “Responsable de Whistleblowing” (o “RWB”): el sujeto (unipersonal) nombrado por el CdA de la Sociedad y encargado (i) de recibir las comunicaciones transmitidas a través del Canal de comunicación interna, (ii) de gestionar la comunicación recibida activando la instrucción necesaria, (iii) de activar los deberes de reporte posteriores a la conclusión de la instrucción, (iv) de dar respuesta al informante; el RWB goza de autonomía e independencia respecto de los órganos de gestión y de alta dirección de la sociedad y de una competencia específica en materia de gestión de las comunicaciones de infracciones y de las actividades de investigación interna conexas.

  1. b) “Plataforma de Whistleblowing” (o “Plataforma WB”): canal interno destinado al envío y a la gestión de las Comunicaciones, incluso de forma anónima, que garantiza la confidencialidad de la identidad del Informante, de las Personas Denunciadas y de las personas en cualquier caso implicadas, así como del contenido de la Comunicación y de la documentación correspondiente. 

  1. c) “Informante”: persona que procede a una comunicación conforme a los procedimientos y canales previstos en la presente Política y, por tanto, destinataria de las tutelas conexas.

  1. d) “Comunicación”: comunicación-información transmitida a través de uno de los Canales de comunicación previstos en la presente Política por el informante y que será tratada conforme a las previsiones de la presente Política WB. Las comunicaciones, además y más concretamente, se definen como las informaciones, incluidas las sospechas fundadas, sobre infracciones ya cometidas o aún no cometidas (pero que, sobre la base de elementos concretos, podrían serlo), así como sobre conductas dirigidas a ocultarlas (p. ej. ocultación o destrucción de pruebas). 

Debe tratarse, además, de comportamientos, actos u omisiones de los que el informante o el denunciante haya tenido conocimiento en el contexto laboral. El objeto de la comunicación (es decir, aquello que puede comunicarse activando la aplicabilidad de la presente Política y las tutelas conexas) se regula en detalle en el § 6.1., al que se remite.

  1. c) “Persona Denunciada” o “Persona Implicada”: la persona física o jurídica mencionada en la comunicación interna o externa o bien en la divulgación pública como persona a la que se atribuye la infracción o como persona en cualquier caso implicada en la infracción comunicada o divulgada públicamente. 

  1. d) “Represalia”: cualquier comportamiento, acto u omisión, incluso meramente intentado o amenazado, llevado a cabo a causa de la comunicación, de la denuncia ante la autoridad judicial o contable o de la divulgación pública y que ocasiona o puede ocasionar a la persona informante o a la persona que haya presentado la denuncia, de forma directa o indirecta, un daño injusto. 

  1. e) “Política de Whistleblowing” (o “Política WB”): la presente Política.


  1. Ámbito subjetivo: los sujetos informantes
    Pueden utilizar los Canales de comunicación regulados por la presente Política y disfrutar de las tutelas conexas los siguientes sujetos: - los accionistas y las personas con funciones de administración, dirección, control, vigilancia o representación, incluso cuando tales funciones se ejerzan de mero hecho, en la Sociedad;  - todos los trabajadores por cuenta ajena, con independencia de su encuadramiento contractual, de la Sociedad; - los trabajadores autónomos, los proveedores de bienes y servicios, los colaboradores, los profesionales liberales y los consultores que presten su actividad en favor de la Sociedad; - los eventuales aprendices y becarios, remunerados o no remunerados, que presten su actividad en la Sociedad.   La posibilidad de utilizar el canal de comunicación de la Sociedad y las tutelas conexas se aplican también en el caso de que, en relación con los sujetos informantes anteriormente enumerados:

  • la relación jurídica/laboral con la Sociedad aún no haya comenzado, si las informaciones sobre las infracciones se adquirieron durante el proceso de selección o en otras fases precontractuales;

  • la comunicación se efectúe durante el período de prueba del Informante;

  • la comunicación se efectúe con posterioridad a la extinción de la relación jurídica/laboral con la Sociedad, cuando la comunicación tenga por objeto infracciones adquiridas en el transcurso de dicha relación.


  1. Ámbito objetivo

6.1. El contenido de las comunicaciones Paralelamente a los flujos informativos previstos en el § 4.6 del Modelo 231 de la Sociedad, los Canales de comunicación previstos en la presente Política pueden utilizarse para la comunicación de comportamientos y hechos que parezcan poder integrar los siguientes supuestos: - conductas ilícitas relevantes con arreglo al D.Lgs 231/01 (por tanto, referidas a uno de los denominados delitos presupuesto del D.Lgs 231/01);  - infracciones del Modelo 231 de la Sociedad y de los Procedimientos y Políticas empresariales expresamente mencionados – como Protocolos 231 - por el propio Modelo 231; - infracciones del Código Ético de la Sociedad; - infracciones de la normativa europea si son reconducibles a los siguientes supuestos: (i) ilícitos cometidos en infracción de la normativa de la UE indicada en el Anexo 1 del Decreto 24/23 y de todas las disposiciones nacionales que la transponen (aun cuando estas últimas no estén expresamente enumeradas en el citado anexo). Se precisa que las disposiciones normativas contenidas en el Anexo 1 deben entenderse como una referencia dinámica, en cuanto deben adecuarse naturalmente a la variación de la propia normativa.  En particular, se trata de ilícitos relativos a los siguientes sectores: contratación pública; servicios, productos y mercados financieros y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; seguridad y conformidad de los productos; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; protección radiológica y seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos y salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; protección de la intimidad y de los datos personales y seguridad de las redes y de los sistemas de información.  A título de ejemplo, piénsese en los denominados delitos ambientales, tales como el vertido, la emisión u otro tipo de liberación de materiales peligrosos en el aire, el suelo o el agua, o bien la recogida, el transporte, la valorización o la eliminación ilícita de residuos peligrosos;  (ii) actos u omisiones que lesionan los intereses financieros de la Unión Europea (art. 325 del TFUE lucha contra el fraude y las actividades ilegales que lesionan los intereses financieros de la UE) según se identifican en los reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes de la UE.  Piénsese, por ejemplo, en el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal relacionada con los gastos de la Unión;  (iii) actos u omisiones relativos al mercado interior que comprometen la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales (art. 26, apartado 2, del TFUE). Se incluyen las infracciones de las normas de la UE en materia de competencia y de ayudas de Estado, del impuesto sobre sociedades y los mecanismos cuya finalidad es obtener una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto o la finalidad de la normativa aplicable en materia del impuesto sobre sociedades;  (iv) actos o comportamientos que desvirtúan el objeto o la finalidad de las disposiciones de la Unión Europea en los sectores indicados en los puntos anteriores. En este ámbito deben reconducirse, por ejemplo, las prácticas abusivas tal como se definen por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Piénsese, por ejemplo, en una empresa que opera en el mercado en posición dominante. La ley no impide a dicha empresa conquistar, gracias a sus méritos y a sus capacidades, una posición dominante en un mercado, ni garantizar que competidores menos eficientes permanezcan en el mercado. No obstante, dicha empresa podría perjudicar, con su propio comportamiento, una competencia efectiva y leal en el mercado interior mediante el recurso a las denominadas prácticas abusivas (adopción de precios denominados predatorios, descuentos target, ventas vinculadas), contraviniendo la protección de la libre competencia.    Las comunicaciones pueden referirse a informaciones, incluidas las sospechas fundadas, sobre infracciones ya cometidas o aún no cometidas (pero que, sobre la base de elementos concretos, podrían serlo), así como sobre conductas dirigidas a ocultarlas (p. ej. ocultación o destrucción de pruebas).  Debe tratarse, además, de comportamientos, actos u omisiones de los que el Informante o el denunciante haya tenido conocimiento en el contexto laboral (incluidas las relaciones de consultoría o en el marco de contratos de suministro).   Queda asimismo a salvo la normativa en materia de: i) informaciones clasificadas; ii) secreto médico y forense; iii) secreto de las deliberaciones de los órganos jurisdiccionales; iv) normas de procedimiento penal sobre la obligación de secreto de las investigaciones; v) disposiciones sobre la autonomía e independencia de la magistratura; vi) defensa nacional y orden y seguridad pública; vii) así como el ejercicio del derecho de los trabajadores a consultar a sus representantes o a los sindicatos.   



6.2. Exclusiones Quedan en cambio excluidas de la tutela prevista en la presente Política las comunicaciones: (i) vinculadas a un interés de carácter personal del Informante o de la persona que haya presentado una denuncia ante la autoridad judicial o contable que atañen exclusivamente a sus propias relaciones individuales de trabajo, o bien inherentes a sus propias relaciones de trabajo con las figuras jerárquicamente superiores; (ii) en materia de seguridad y defensa nacional;  (iii) relativas a infracciones ya reguladas con carácter obligatorio en algunos sectores especiales, a las que, por tanto, sigue aplicándose la disciplina de comunicación ad hoc (por ejemplo, en materia de servicios financieros, prevención del blanqueo, terrorismo, seguridad en el transporte, protección del medio ambiente).  


 6.3. Características de la comunicación En todos los casos, es conveniente que la comunicación especifique:

  • salvo en los casos de comunicaciones anónimas, los datos identificativos del Informante (nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento);

  • las circunstancias de tiempo y de lugar en que se produjo el hecho objeto de comunicación y, por tanto, una descripción de los hechos objeto de la comunicación, especificando los detalles relativos a las noticias circunstanciadas y, cuando existan, también el modo en que se tuvo conocimiento de los hechos objeto de la comunicación; 

  • los datos personales u otros elementos que permitan identificar al sujeto al que atribuir los hechos comunicados; 

  • los eventuales procedimientos o Protocolos 231 que se consideren infringidos;

  • El Informante puede, asimismo, adjuntar documentos para aportar elementos adicionales relativos al hecho comunicado e indicar otros sujetos que tengan conocimiento del mismo.

El Informante, además, debe especificar si desea mantener reservada su identidad y beneficiarse de las tutelas previstas en caso de eventuales represalias. En todos los casos, el Informante tiene la obligación de declarar si tiene un interés privado vinculado a la comunicación.    En caso de recepción de “comunicaciones anónimas”, si resultan precisas, circunstanciadas y respaldadas por documentación idónea, el RWB podrá equipararlas a las comunicaciones ordinarias y, como tales, podrán tratarse de conformidad con la presente Política.



  1. Canales de comunicación
    Conforme a las previsiones del D.Lgs 24/23, la Sociedad ha establecido un Canal de comunicación interna, al que se añaden – en casos más limitados, específicamente definidos en la presente Política – un Canal de comunicación externa y la denominada “divulgación pública”, quedando obviamente a salvo la facultad de presentar una denuncia ante la Autoridad Judicial en los casos en que concurran sus presupuestos.   

    7.1. La comunicación interna y los instrumentos de comunicación La Sociedad ha adoptado un Canal de comunicación interna que cumple los requisitos del D.Lgs 24/23, utilizable por todos los informantes para la totalidad de las comunicaciones objeto de la presente Política, tal como se definen en el § 6. En particular, la Sociedad ha activado la Plataforma de Whistleblowing, accesible a través de sitio web, que permite tres tipos distintos de comunicación:   (i) comunicación escrita realizada mediante modalidades informáticas y encriptadas; (ii) comunicación oral mediante el envío de un mensaje de voz (con la posibilidad de activar una función que camufla la voz, denominada morphing); (iii) un encuentro en persona con el RWB, solicitado por el Informante a través de la Plataforma WB; el contenido del encuentro, previa autorización del Informante y consentimiento de este último, podrá documentarse mediante grabación en un dispositivo idóneo para la conservación y la escucha o bien se reflejará en un acta redactada por el gestor de la Comunicación y suscrita por el Informante en confirmación de la exactitud de lo reflejado.   La utilización de la Plataforma WB – proporcionada por un proveedor especializado y dotada de las certificaciones necesarias – garantiza, también con herramientas de cifrado, la confidencialidad de la identidad del Informante, de la persona implicada y de la persona en cualquier caso mencionada en la comunicación, así como del contenido de la comunicación y de la documentación correspondiente.   La Plataforma WB será accesible desde el sitio web institucional de la sociedad, en la sección “Whistleblowing – MotorK Italia S.r.l.” (“Acceso al canal interno de Whistleblowing”, URL https://motork.integrity.complylog.com/ ), así como tecleando en línea directamente la correspondiente URL, dada a conocer a todos los potenciales Informantes mediante la presente política.   Al acceder a la Plataforma WB, el Informante podrá solicitar enviar una comunicación ex novo o, alternativamente, seguir la evolución de una comunicación ya presentada. En el primer caso, cumplimentará un formulario de varios pasos, el primero de los cuales preguntará al propio Informante si desea efectuar una comunicación nominativa o anónima (en caso de comunicación anónima, los campos relativos a los datos identificativos no figurarán como obligatorios ni como requisito previo para los pasos sucesivos).    Tras la (eventual) identificación, la pantalla pedirá al Informante que identifique el ámbito de su comunicación (mediante una serie de opciones múltiples entre las que elegir, todas acompañadas de un botón mediante el cual es posible visualizar un pop up explicativo de cada entrada).   El tercer paso prevé después la (i) descripción del supuesto que se ha de comunicar - con la posibilidad de adjuntar, facultativamente, también archivos de formato .doc, .pdf, .jpg, .png, .docx, .ppt, .pptx, .xlsx, .mp3 y .ogg de tamaño inferior a 10MB - o, alternativamente, la (ii) grabación de un mensaje de voz con la misma finalidad.   El último paso permite, por último, al Informante visualizar el borrador de la comunicación que está a punto de enviarse y confirmar, mediante las casillas correspondientes, (i) que las informaciones facilitadas son veraces y (ii) la toma de conocimiento de la Información y de la presente Política, oportunamente enlazadas. En este paso también está presente un sistema de CAPTCHA para determinar si el Informante es un humano y no un ordenador (o, más concretamente, un bot).   Una vez confirmada y enviada la comunicación, se compartirá con el Informante un token, mediante el cual este podrá seguir la evolución de su comunicación (la Plataforma WB, en efecto, no envía notificaciones a la dirección de correo electrónico del Informante, sino que se limita a facilitarle un código único identificativo de la comunicación y funcional a su seguimiento, mediante un nuevo acceso a la Plataforma WB y un clic en el botón “Seguir un caso”).  

    7.1.1. La función encargada de la recepción y de la gestión de la comunicación interna El sujeto competente para la recepción y la gestión de las Comunicaciones es el Responsable de Whistleblowing (“RWB”), función unipersonal que ha sido atribuida – previa atenta valoración del contexto societario por parte del CdA – al Head of Legal El RWB goza de autonomía e independencia respecto de los órganos de gestión y de alta dirección de la sociedad y de una competencia específica en materia de gestión de las comunicaciones de infracciones y de las actividades de investigación interna conexas.   El RWB podrá valerse de funciones empresariales o de profesionales externos encargados a tal fin, para el eventual desarrollo de actividades de instrucción o de profundización. Dichas funciones-profesionales externos son encargados, formados y autorizados mediante la documentación específica, mejor descrita en el

     7.1.3., que regula expresamente también sus deberes de reserva y confidencialidad y los eventuales y conexos cumplimientos en materia de privacidad.   En todo caso, cuando resulte necesario valerse de la asistencia técnica de profesionales terceros, así como del apoyo especializado del personal de otras funciones/direcciones empresariales, es necesario - al fin de garantizar las obligaciones de confidencialidad exigidas por la normativa - ocultar todo tipo de dato que pueda permitir la identificación del Informante o de cualquier otra persona implicada (piénsese, por ejemplo, en el facilitador o en otras personas mencionadas en la comunicación).    Además, en el caso de que los sujetos que componen el RWB estén directamente implicados (como Informante, como persona denunciada o como persona implicada o interesada por la comunicación), la Plataforma prevé un mecanismo específico que permite dirigir la comunicación no al RWB sino al Responsable de la Función de Recursos Humanos. En este caso, el Responsable de la Función de Recursos Humanos aplicará la presente Política para la gestión recibida e informará del resultado correspondiente exclusiva y directamente – tan pronto como se concluya la instrucción - al CdA.   La comunicación interna presentada a un sujeto distinto del RWB (o, en caso de conflicto, del Responsable de la Función de Recursos Humanos) se transmite, en el plazo de siete días desde su recepción, al sujeto competente, dando simultánea noticia de la transmisión al Informante. También esta transmisión debe realizarse a través de la Plataforma WB.  

    7.1.2. La gestión de la comunicación interna Una vez que la Comunicación enviada a través de la Plataforma WB es recibida por el RWB, este último expide – siempre a través de la Plataforma - al Informante un acuse de recibo de la Comunicación en el plazo de 7 días desde la fecha de recepción de la misma.  Posteriormente, el RWB verifica que se cumplan los requisitos de admisibilidad de la Comunicación previstos en la presente Política y, en particular: (i) si la misma entra en el ámbito de aplicación objetivo del D.Lgs. 24/2023 tal como se ilustra en el § 6.1; (ii) si concurren los motivos de exclusión indicados en el § 6.2.; (iii) si la comunicación carece de los contenidos obligatorios indicados en el § 6.3 y, por tanto, resulta demasiado genérica, inapropiada o impertinente.  En el caso de que la condición sub (i) y sub (ii) no se cumplan, el RWB, considerando la Comunicación inadmisible y motivándolo adecuadamente, la remite a la estructura organizativa eventualmente competente, la archiva y lo comunica al Informante.  En el caso de que la condición sub (iii) no se cumpla, el RWB, considerando la Comunicación inadmisible y motivándolo adecuadamente, la archiva y lo comunica al Informante.    Si la Comunicación resulta, en cambio, razonablemente fundada y está respaldada por elementos suficientes para proceder, el RWB inicia las investigaciones. En particular, el RWB, una vez activadas las investigaciones:

  • puede solicitar aclaraciones e integraciones al Informante con la adopción de las cautelas necesarias a fin de garantizar la protección de la confidencialidad, a través del canal utilizado para la comunicación (i.e. Plataforma WB) para garantizar la confidencialidad); 

  • puede dialogar con el Informante, aun cuando sea anónimo, a través de la Plataforma WB; 

  • cuando no perjudique el desarrollo de las actividades y el RWB considere necesario obtener informaciones de la Persona Denunciada, puede informar a esta última de la existencia de una Comunicación en su contra y proceder a la recopilación de las informaciones correspondientes mediante solicitud escrita o bien mediante su audiencia, con levantamiento de acta del encuentro. El RWB no tiene la obligación de informar a la Persona Denunciada de la existencia de una Comunicación que le concierne, pero, si la Persona Denunciada tiene conocimiento de ello, puede en todo caso solicitar ser oída y el RWB da curso a la solicitud recibida invitando a la Persona Denunciada a formular sus observaciones por escrito. 

Al término de las comprobaciones, el RWB: 

  • archiva la Comunicación en el caso de que considere que la misma es infundada, motivando sus razones; 

  • identifica las acciones “correctivas” que deben emprenderse y las comunica al CdA, así como activa los deberes de reporte conexos hacia los Órganos societarios conforme a las previsiones indicadas en el § 7.1.3. 

En el plazo de 3 meses desde la fecha del acuse de recibo o, en su defecto, desde el vencimiento del plazo de 7 días desde la presentación de la Comunicación, el RWB facilita respuesta al Informante comunicando (i) el archivo producido, (ii) la constatación producida de la fundamentación de la comunicación y su transmisión a los órganos competentes, (iii) la actividad desarrollada; si, al vencimiento del plazo, la instrucción aún no ha concluido, se prevé una respuesta “interlocutoria” (como una actualización sobre el estado de avance de la instrucción), a la que deberá necesariamente seguir, en todo caso, una vez concluida la instrucción, la respuesta final sobre su resultado.    Todas las comunicaciones entre el RWB y el Informante se realizan a través de la Plataforma. Asimismo, todas las actividades desarrolladas por el RWB están documentadas y trazadas en la Plataforma WB, desde la recepción de la Comunicación hasta el cierre de la misma.  Con arreglo a lo previsto por el Decreto, es en efecto necesario que, durante las fases de instrucción y de constatación de la comunicación, se tutele la confidencialidad de la identidad del Informante, de la persona denunciada y de todas las personas implicadas y/o mencionadas en la comunicación   

7.1.3. Tratamiento de los datos personales La gestión de las comunicaciones recibidas y el correspondiente tratamiento de los datos personales son efectuados por MotorK con observancia de las disposiciones legales aplicables y en coherencia con lo previsto al respecto por la normativa en materia de protección de los datos personales.    El RWB es instruido a tal fin con arreglo a los artículos 29 del GDPR y 2-quaterdecies del Código de Privacidad, mediante el correspondiente acto de autorización, y el proveedor de la Plataforma WB es expresamente nombrado como encargado del tratamiento con arreglo al artículo 28 del GDPR. También todos los referentes de las funciones empresariales que deban implicarse en la fase de instrucción reciben, en caso de que deban tratar datos que permitan una identificación (incluso indirecta) del Informante, de la persona denunciada y de otras personas físicas implicadas en la comunicación, el correspondiente nombramiento como persona autorizada con arreglo a los artículos 29 del GDPR y 2- quaterdecies del Código de Privacidad.   Por lo que respecta al archivo de las Comunicaciones y, por tanto, de los datos personales ivi contenidos, MotorK garantiza la implementación de medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas a los riesgos específicos derivados de los tratamientos efectuados, en línea con las valoraciones sobre el riesgo elaboradas en el momento de la realización de la Evaluación de impacto del tratamiento efectuada con arreglo al artículo 35 del GDPR.    Cuando, a solicitud del Informante, la Comunicación se efectúa en un encuentro con el personal encargado, esta, previo consentimiento del Informante, es documentada a cargo del personal autorizado mediante grabación en un dispositivo idóneo para la conservación y la escucha o mediante acta. En caso de acta, el Informante puede verificar, rectificar y confirmar el acta del encuentro con su propia firma.   Es responsabilidad del RWB:

  1. asegurarse de que todos los tratamientos de datos personales inherentes al Canal se efectúen, en la medida de lo posible, dentro de la Plataforma WB y 

  2. conservar la documentación que contenga datos personales pertinente para las actividades que deban realizarse necesariamente fuera de la Plataforma WB - como el encuentro directo y la actividad de instrucción posterior - dentro de un archivo en papel/informático de acceso restringido, todo ello con modalidades que impidan la modificación posterior, a fin de permitir la correcta trazabilidad de todo el proceso y de facilitar eventuales controles posteriores. 

Con referencia a la comunicación oral, se precisa que la misma será grabada por la Plataforma WB garantizando la confidencialidad del Informante, a través de morphing vocal.    La información sobre el tratamiento de los datos personales del Informante y de la persona denunciada, así como de los terceros cuyos datos personales pudieran incluirse en la Comunicación (a la que se remite para todo lo no indicado en el presente documento con referencia al tratamiento de los datos personales relacionado con el presente procedimiento) está publicada en la Sección de Información, así como dentro de la Plataforma WB, con posibilidad de consultarla en el último paso del procedimiento de comunicación, indicado en el § 7.1 (en adelante, la “Información”).    Como se precisa en dicho documento, las Comunicaciones y la documentación correspondiente serán conservadas por MotorK, en calidad de responsable del tratamiento:

  1. dentro de la Plataforma WB, por un período máximo de 5 años a contar desde la fecha de la comunicación del resultado final del procedimiento de comunicación (en proximidad de dicho vencimiento la Plataforma WB envía la correspondiente notificación al RWB). El plazo podrá ampliarse cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de las indicaciones interpretativas de las Directrices ANAC, de las Directrices CNDCEC y de las Directrices Confindustria y/o de otras obligaciones normativas, en todo caso hasta un máximo de cinco años desde la Comunicación;

  2. en el archivo interno específico de MotorK (para todas las informaciones y los datos personales que necesiten gestionarse fuera de la Plataforma WB), durante el tiempo necesario para el tratamiento de la Comunicación y, en todo caso, no más de 5 años a contar desde la fecha de la comunicación del resultado final del procedimiento de comunicación. 

En caso de solicitudes de ejercicio de los derechos data protection por parte de los interesados, que deberán ejercerse en los modos y en los plazos – y con observancia de los límites – indicados en la Información, se invita a contactar con el Responsable de la protección de datos (RPD o DPO) de MotorK, cuyos datos de contacto se indican a continuación: dpo@motork.io  


7.1.4 Reporte derivado de la comunicación interna El RWB está obligado al siguiente reporte en favor de los órganos societarios:

  1. En caso de resultado positivo de la investigación (es decir, evidencia de la comisión de un ilícito/una infracción del Modelo 231 entre las enumeradas en el § 6.1), el RWB elabora una nota escrita con el iter de la investigación, las pruebas recopiladas y las conclusiones a las que se ha llegado respecto de las presuntas infracciones o los delitos comunicados, informando inmediatamente al CdA (pero garantizando siempre la confidencialidad de la identidad del Informante) para que adopte las medidas organizativas y disciplinarias que considere oportunas. La misma nota escrita se transmite al Organismo de Vigilancia de la Sociedad para que adopte las acciones previstas por el Modelo que resulten necesarias a la luz del informe del RWB.

  2. Para aquellas comunicaciones que, en cambio, resultaran no confirmadas, el RWB informará al CdA mediante un informe anual, que contendrá la información agregada sobre los resultados de la actividad desarrollada a raíz de las comunicaciones recibidas. El mismo informe se transmite al OdV.

8.1. Las comunicaciones externas Los canales de comunicación que deben utilizarse de forma ordinaria y prioritaria son los internos adoptados por la Sociedad, según lo previsto en el § 7.1 que antecede.  El D. Lgs. 24/2023 prevé que los Informantes puedan utilizar un Canal de comunicación externo, activado ante la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC), o bien la divulgación pública solo en presencia de determinadas y taxativas condiciones, ilustradas a continuación.  Queda por último a salvo la facultad de los informantes de presentar denuncia ante las autoridades competentes.   Canal externo de información Además del canal interno, puede comunicar las infracciones a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. (AIPI), creada por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Contacto: canal.externo@proteccioninformante.es · www.proteccioninformante.gob.es. Si la infracción afecta a una comunidad autónoma con autoridad propia, también puede dirigirse a esta.


  8.1.2. La divulgación pública  El Informante puede efectuar la Comunicación mediante divulgación pública, haciendo de dominio público las informaciones (p. ej. prensa o redes sociales) solo si: 

  • el Informante ha efectuado una Comunicación interna y una Comunicación externa a la ANAC y ninguna de las dos Comunicaciones ha recibido respuesta dentro de los plazos establecidos; 

  • el Informante ha efectuado directamente una Comunicación externa y esta no ha recibido respuesta dentro de los plazos establecidos; 

  • el Informante tiene motivos fundados para creer que la infracción objeto de la Comunicación pueda representar un peligro inminente o manifiesto para el interés público (p. ej. situación de emergencia o riesgo de daño irreversible); 

  • el Informante tiene motivo fundado para creer que la Comunicación externa pueda conllevar riesgo de represalias o pueda no tener curso efectivo (p. ej. las pruebas podrían ocultarse o destruirse, o bien quien haya recibido las comunicaciones puede estar coludido con el autor o implicado en la propia infracción). 

En ausencia de los presupuestos anteriormente enumerados, el sujeto no se beneficia de las tutelas indicadas en el § 9 que sigue. 

  1. Tutelas

Las tutelas indicadas en los apartados 9.1, 9.2 y 9.3 que siguen se aplican si el Informante, en el momento de la Comunicación, ya sea mediante canales internos o externos o denuncia: 

  • tenía motivo fundado para creer que las informaciones sobre las infracciones comunicadas eran veraces (p. ej. el Informante debe haber especificado las circunstancias de tiempo y lugar y descrito de modo específico el hecho; el Informante no debe haber comunicado conscientemente informaciones erróneas o manifiestamente carentes de fundamento) y entraban en el ámbito objetivo de la Comunicación indicado en el apartado 6.1 que antecede; 

  • ha respetado lo previsto en la presente Política.

Los motivos que han inducido al Informante a presentar la Comunicación son irrelevantes a los efectos de su tutela.  Las tutelas indicadas en los apartados 9.1, 9.2 y 9.3 que siguen no se aplican, en cambio, cuando se haya constatado mediante sentencia (incluso de primera instancia) la responsabilidad del Informante por los delitos de calumnia o difamación o, en todo caso, por los mismos delitos cometidos con la denuncia ante la autoridad judicial o contable, o bien la responsabilidad civil del Informante por haber referido informaciones falsas intencionadamente con dolo o culpa. En estos supuestos, se prevén, además, sanciones disciplinarias.  Las medidas de tutela se extienden también a los siguientes sujetos: 

  • facilitadores, es decir, las personas que asisten al Informante en el proceso de comunicación, prestándole asesoramiento y apoyo, y que operan dentro del mismo contexto laboral del Informante; 

  • personas del mismo contexto laboral del Informante vinculadas a este por un vínculo afectivo estable o de parentesco hasta el cuarto grado, o personas vinculadas por una red de relaciones surgidas en razón del hecho de que operan, o han operado en el pasado, en el mismo entorno laboral del Informante; 

  • compañeros de trabajo con relación habitual y corriente con el Informante, es decir, sujetos que, en el momento de la Comunicación, trabajan con el Informante y mantienen con el mismo una relación caracterizada por una continuidad tal que determine una relación de comunidad entre ellos;

  • entidades de propiedad del Informante, es decir, de las que el Informante es titular con carácter exclusivo o bien de las que posee la participación mayoritaria; 

  • entidades para las que el Informante trabaja;

  • entidades que operan en el mismo contexto laboral del Informante.

Las tutelas indicadas en los §§ 9.1, 9.2 y 9.3 que siguen se aplican también en caso de Comunicación anónima, cuando el Informante sea posteriormente identificado en el transcurso de las actividades de gestión de la Comunicación o, en cualquier caso, cuando el Informante sea de todos modos identificable.   

9.1. Confidencialidad Las comunicaciones no pueden utilizarse más allá de lo necesario para dar curso adecuado a las mismas. La identidad de la persona informante y cualquier otra información de la que pueda deducirse, directa o indirectamente, no pueden revelarse, sin el consentimiento expreso de la propia persona informante, a personas distintas de las competentes para recibir o dar curso a las comunicaciones, expresamente autorizadas a tratar tales datos con arreglo a los actos de nombramiento indicados en el § 7.1.3 que antecede.  En el marco del eventual procedimiento penal que se origine como consecuencia de la comunicación, la identidad de la persona informante está cubierta por el secreto en los modos y en los límites previstos por el artículo 329 del código de procedimiento penal. En el marco del eventual procedimiento disciplinario que se origine como consecuencia de la comunicación, la identidad de la persona informante no puede revelarse, cuando la imputación del cargo disciplinario se funde en constataciones distintas y ulteriores respecto de la comunicación, aun cuando sean consecuencia de la misma. Cuando la imputación se funde, en todo o en parte, en la comunicación y el conocimiento de la identidad de la persona informante sea indispensable para la defensa del inculpado, la comunicación será utilizable a los efectos del procedimiento disciplinario solo en presencia del consentimiento expreso de la persona informante a la revelación de su propia identidad. Se da aviso a la persona informante mediante comunicación escrita de las razones de la revelación de los datos reservados, en el supuesto indicado en el apartado 5, segundo período, así como en los procedimientos de comunicación interna y externa indicados en el presente capítulo cuando la revelación de la identidad de la persona informante y de las informaciones indicadas en el apartado 2 sea indispensable también a los efectos de la defensa de la persona implicada. La comunicación queda excluida del acceso previsto por los artículos 22 y siguientes de la ley de 7 de agosto de 1990, n. 241, así como por los artículos 5 y siguientes del decreto legislativo de 14 de marzo de 2013, n. 33. Sin perjuicio de las previsiones anteriormente enumeradas, en los procedimientos de comunicación interna y externa indicados en el presente §, la persona implicada puede ser oída o bien, a solicitud suya, es oída, también mediante procedimiento documental a través de la obtención de observaciones escritas y documentos.   El d.lgs. 24/23 prevé que la tutela de la confidencialidad del informante se extienda también a las personas que se indican en la comunicación, así como a la persona denunciada; la sociedad y el RWB, por tanto, aplican y garantizan tales tutelas al gestionar la comunicación, invocando y aplicando las previsiones específicas previstas por el decreto.   9.2. Tutela frente a las represalias En todos los casos en que el informante haya efectuado la comunicación de buena fe, con independencia del resultado de la comunicación, teniendo motivo fundado para creer que las informaciones sobre las infracciones comunicadas, divulgadas públicamente o denunciadas eran verdaderas y entraban en el ámbito objetivo indicado en el § 6.1, rigen las siguientes obligaciones de protección:

  1. a) Las personas indicadas en los §§ 5 y 9 no pueden sufrir ninguna represalia.

  2. b) En el marco de procedimientos judiciales o administrativos o, en todo caso, de controversias extrajudiciales que tengan por objeto la constatación de los comportamientos, actos u omisiones prohibidos con arreglo al art. 17 del D.Lgs 24/23, se presume que los mismos se han llevado a cabo a causa de la comunicación, de la divulgación pública o de la denuncia ante la autoridad judicial o contable. La carga de probar que tales conductas o actos están motivados por razones ajenas a la comunicación, a la divulgación pública o a la denuncia recae sobre quien los ha llevado a cabo.

  3. c) En caso de demanda de resarcimiento presentada ante la autoridad judicial por las personas informantes, si tales personas demuestran haber efectuado, con arreglo al presente decreto, una comunicación, una divulgación pública o una denuncia ante la autoridad judicial o contable y haber sufrido un daño, se presume, salvo prueba en contrario, que el daño es consecuencia de dicha comunicación, divulgación pública o denuncia ante la autoridad judicial o contable.

A continuación se indican algunos supuestos que, cuando se lleven a cabo a causa de la comunicación, de la denuncia ante la autoridad judicial o contable o de la divulgación pública y si son idóneos para ocasionar a la persona informante o a la persona que haya presentado la denuncia, de forma directa o indirecta, un daño injusto, constituyen represalias:

  1. a) el despido, la suspensión o medidas equivalentes;

  2. b) la degradación de grado o la falta de promoción;

  3. c) el cambio de funciones, el cambio del lugar de trabajo, la reducción del salario, la modificación del horario de trabajo;

  4. d) la suspensión de la formación o cualquier restricción del acceso a la misma;

  5. e) las evaluaciones de mérito negativas o las referencias negativas;

  6. f) la adopción de medidas disciplinarias o de otra sanción, incluso pecuniaria;

  7. g) la coacción, la intimidación, el acoso o el ostracismo;

  8. h) la discriminación o, en todo caso, el trato desfavorable;

  9. i) la falta de conversión de un contrato de trabajo temporal en un contrato de trabajo indefinido, cuando el trabajador tuviera una expectativa legítima a dicha conversión;

  10. l) la falta de renovación o la resolución anticipada de un contrato de trabajo temporal;

  11. m) los daños, incluso a la reputación de la persona, en particular en las redes sociales, o los perjuicios económicos o financieros, incluidas la pérdida de oportunidades económicas y la pérdida de ingresos;

  12. n) la inclusión en listas indebidas sobre la base de un acuerdo sectorial o industrial formal o informal, que puede conllevar la imposibilidad para la persona de encontrar un empleo en el sector o en la industria en el futuro;

  13. o) la conclusión anticipada o la anulación del contrato de suministro de bienes o servicios;

  14. p) la anulación de una licencia o de un permiso;

  15. q) la solicitud de sometimiento a reconocimientos psiquiátricos o médicos.

Las entidades y las personas indicadas en el § 5 pueden comunicar a la ANAC las represalias que consideren haber sufrido. En caso de represalias cometidas en el contexto laboral de un sujeto del sector privado, la ANAC informa a la Inspección nacional de trabajo, a los efectos de las medidas de su competencia. Los actos adoptados en infracción de la prohibición de actos represivos son nulos. Las personas indicadas en el § 5 que hayan sido despedidas a causa de la comunicación, de la divulgación pública o de la denuncia ante la autoridad judicial o contable tienen derecho a ser readmitidas en el puesto de trabajo, en razón de la disciplina específica aplicable al trabajador. La autoridad judicial ante la que se acuda adopta todas las medidas, incluso provisionales, necesarias para asegurar la tutela de la situación jurídica subjetiva ejercitada, incluidos el resarcimiento del daño, la readmisión en el puesto de trabajo, la orden de cese de la conducta llevada a cabo en infracción del artículo 17 del D.Lgs 24/23 y la declaración de nulidad de los actos adoptados en infracción del mismo artículo.   9.3. Limitaciones de responsabilidad para el Informante Otra tutela reconocida por el Decreto al Informante es la limitación de su responsabilidad respecto de la revelación y la difusión de algunas categorías de informaciones, que de otro modo lo expondrían a responsabilidades penales, civiles y administrativas.  En particular, el informante no será llamado a responder ni penalmente, ni en sede civil y administrativa: 

  • de revelación y utilización del secreto de oficio (art. 326 c.p.); 

  • de revelación del secreto profesional (art. 622 c.p.); 

  • de revelación de los secretos científicos e industriales (art. 623 c.p.); 

  • de infracción del deber de fidelidad y de lealtad (art. 2105 c.c.); 

  • de infracción de las disposiciones relativas a la protección del derecho de autor; 

  • de infracción de las disposiciones relativas a la protección de los datos personales; 

  • de revelación o difusión de informaciones sobre las infracciones que ofenden la reputación de la persona implicada. 

El Decreto establece, no obstante, dos condiciones para que operen las citadas limitaciones de responsabilidad: 

  1.  en el momento de la revelación o de la difusión existan motivos fundados para creer que las informaciones son necesarias para desvelar la infracción objeto de comunicación; 

  2. la comunicación se efectúe con observancia de las condiciones previstas por el Decreto para beneficiarse de la tutela contra las represalias (motivos fundados para creer veraces los hechos comunicados, que la infracción esté entre las comunicables y que se respeten las modalidades y las condiciones de acceso a la comunicación). 

Cabe destacar, por tanto, que la limitación opera si las razones que sustentan la revelación o difusión no se fundan en simples conjeturas, gossip, fines vengativos, oportunistas o escandalosos.  En todo caso, es preciso considerar que no se excluye la responsabilidad por conductas que: 

  • no estén relacionadas con la comunicación; 

  • no sean estrictamente necesarias para revelar la infracción; 

  • configuren una obtención de informaciones o el acceso a documentos de modo ilícito. 

  1. Infracciones de la presente Política

Constituye un ilícito disciplinario la infracción de la presente Política, sin perjuicio en todo caso de cualquier responsabilidad, también de naturaleza civil, penal y/o administrativa que deba constatarse por parte de las Autoridades competentes. En particular, se prevén: 

  • sanciones disciplinarias a cargo del Informante que - a raíz de la valoración del RWB - haya (i) comunicado de mala fe infracciones que resulten completamente inconsistentes y, más en general, (ii) haya abusado o hecho un uso impropio y/o una intencionada instrumentalización de la presente Política:

  • sanciones disciplinarias a cargo de la Persona Denunciada en el caso de que el RWB (o, en caso de conflicto, el Responsable de la función de Recursos Humanos), al término de la instrucción, constate la fundamentación de la Comunicación; 

  • sanciones a cargo de los componentes del RWB o de los sujetos encargados o, en todo caso, implicados en la instrucción en caso de infracción de la obligación de confidencialidad. 

El procedimiento disciplinario y las sanciones conexas se aplican sobre la base de las reglas internas empresariales (cfr. Sistema Disciplinario previsto por el Modelo 231 de la Sociedad) y los convenios colectivos aplicables.

  1. Actividad de información y formación

La Sociedad garantiza que el RWB sea sometido a una formación específica (planificada periódicamente y llevada a cabo por la Sociedad) relativa a la gestión del Canal y a las modalidades de cumplimiento de las obligaciones previstas para garantizar la confidencialidad del informante. De la existencia del Canal, de su funcionamiento y de sus características se da información específica (a cargo de la Sociedad) a todos los empleados de la Sociedad, así como a quienes se encuentran entre los sujetos Informantes (proveedores, outsourcer, partner, consultores, etc.). Del Canal y de la presente Política, así como de la Información sobre el tratamiento de los datos personales en el contexto del Canal, se da, como se indica en el § 7.1, la correspondiente notificación en la Sección de Información.

  1. Norma de cierre

Para todo lo no expresamente regulado en la presente Política, se remite a la disciplina específica indicada en el D.lgs 24/23 y a las normas en él mencionadas; a dicha disciplina deben atenerse en términos plenos tanto las funciones encargadas de recibir y gestionar la comunicación, como cualquier otra función y representante empresariales que entre en contacto con el canal de comunicación regulado por la presente Política.